En la instrucción de las causas judiciales, la Fiscalía juega un papel muy importante como garante de la legalidad e impulsor de los procedimientos. La relación entre el juez instructor y el fiscal asignado al juzgado o al caso también influye en la marcha de los procesos, aunque de varias maneras. Hay jueces que dejan que el fiscal lidere el impulso del procedimiento, por lo que prácticamente la instrucción la va dirigiendo el fiscal, que propone pruebas y marca el rumbo de la causa. Mientras que en otros casos, es el juez instructor quien va marcando su criterio desde el inicio y el fiscal es una parte más del proceso, sin quitarle relevancia al hecho de que se trata de la acusación pública. El primero de los modelos de instrucción es el que se ha seguido por ejemplo en la macrocausa de Invercaria en el juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, mientras que el segundo es el que ha seguido la juez María Núñez Bolaños en las macrocausas de los ERE, Avales, Idea o los cursos de formación.

Evidentemente el primer modelo de instrucción no supone ningún contratiempo para el juez, al dar por bueno prácticamente por completo el criterio del Ministerio Público –respecto al curso de la investigación, las personas que deben ser imputadas, las pruebas que deben de solicitarse, etc.–, mientras que en el segundo se pueden producir algunos roces y lógicas discrepancias con los criterios de instrucción.

La denuncia de la Fiscalía dificulta la necesaria convivencia con la juez instructora

Lo que no es para nada habitual es que esas discrepancias acaben en la presentación de una denuncia por parte de la Fiscalía Anticorrupción contra la titular del juzgado, como ha ocurrido con María Núñez Bolaños, que fue acusada de faltas grave o muy grave de “desatención o retraso injustificado” en la tramitación de las macrocausas. El promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ricardo Conde ha dado finalmente carpetazo a la denuncia de la Fiscalía contra la juez, al no apreciar ninguna falta disciplinaria más allá de esa “profunda discrepancia” del Ministerio Público con las decisiones de la instructora.

Y una vez cerradas esas diligencias informativas –ni siquiera se llegó a abrir expediente disciplinario a la juez–, ¿cómo quedan las relaciones entre la instructora y los seis fiscales delegados de Anticorrupción de Sevilla que intervienen en las distintas macrocausas?

El paso dado por la Fiscalía, que también tuvo sus roces y enfrentamientos con la anterior instructora, la incansable Mercedes Alaya, hace prácticamente imposible o muy difícil la necesaria convivencia que debe existir entre los fiscales y la instructora.

Bolaños está de baja por motivos de salud desde hace casi once meses, antes de la denuncia de la Fiscalía, y cuando se reincorpore tendrá que volver a tratar con los seis fiscales de Anticorrupción que firmaron el informe en el que el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, basó la denuncia contra la magistrada ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Una situación para nada cómoda, sino todo lo contrario, salvo que se exploren otras vías para devolver a la normalidad las maltrechas relaciones.

En su ausencia, el juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana, que hasta ese momento se ocupaba de los asuntos ordinarios del juzgado, ha asumido la instrucción de todas las macrocausas. Es cierto que en estos meses se han dictado numerosos autos de conclusión de diversas piezas de los ERE, con sus correspondientes autos de procesamiento, pero también es cierto que la conclusión de estas investigaciones ha sido posible porque todo el trabajo previo, como la incorporación de los informes policiales y periciales, y la toma de declaración de los investigados, era algo que ya se había hecho por parte de la juez Bolaños.

La cuestión está en si habrá acuerdo o tendrá que intervenir el TSJA como en el pasado

Vilaplana ha rematado, de esta forma, la labor instructora que había desarrollado antes Bolaños, aunque también hay que reconocer el trabajo del juez de refuerzo, que incluso ha abierto nuevas investigaciones a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, como la relacionada con un préstamo de 3,7 millones de euros concedido a la empresa cárnica Hijos de Andrés Molina (Hamsa), donde el Ministerio Público ha denunciado al ex presidente de la Junta Manuel Chaves y al ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías, entre otros ex altos cargos de la Junta.

La reincorporación de Bolaños al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla hará necesario que se firme un armisticio con los fiscales, tras la declaración de guerra que supuso la presentación de la denuncia contra la magistrada.

La cuestión está en si la partes enfrentadas alcanzarán ese necesario acuerdo o tendrá que intervenir la Sala de Gobierno del TSJA para acordar alguna solución imaginativa, como ha ocurrido en el pasado reciente en este mismo juzgado. Ya veremos.