Suficientemente abierto para permitir un acuerdo de mínimos y, al mismo tiempo, lo bastante genérico como para no tener que cogerse la manos. Las nuevas leyes autonómicas que regularán durante los próximos años toda la arquitectura institucional de los ayuntamientos y las diputaciones y, en paralelo, su capacidad financiera venidera, serán cocinadas dentro del Ejecutivo autonómico después de que el grupo de trabajo formado por los tres partidos políticos con presencia en la Cámara andaluza -PSOE, PP e IU- dieran ayer por cerrado oficialmente el proceso inicial de discusión sobre cómo descentralizar la administración autonómica en favor de las entidades locales.

El documento final, acordado entre PSOE e IU, y con el que el PP ha mostrado su desacuerdo, es un compendio de los planteamientos globales que durante los meses de junio, julio y lo que va de septiembre han venido defendiendo a nivel interno estos dos grupos políticos. IU ha conseguido que el debate sobre la autonomía local se centrase sobre sus propuestas. La coalición había elaborado un borrador bastante concreto y los socialistas habían decidido pactar la cuestión, al menos con ellos, ante la más que probable oposición de los populares, que de momento sólo se han abstenido. Pero los socialistas, que en su texto de partida evitaban cerrar fecha alguna para proceder a resolver el espinoso tema de la financiación local, han eliminado del documento final cualquiera de las referencias -en su mayor parte propuestas por PP e IU- relativas a cuantías económicas o fechas para proceder a dejar listas las vías de financiación local. El calendario oficial anunciado por la consejería de Gobernación sitúa a lo largo de 2010 la aprobación de estas leyes. Aunque, si se echa la vista atrás, éste es un compromiso que viene repitiéndose por parte del PSOE desde 1990 sin que hasta ahora se haya hecho realidad.

En contraste con los puntos de partida de cada fuerza política, el informe final del grupo de trabajo sobre la reforma de la administración local -que nace a partir de un acuerdo plenario cuyo fin era fijar precisamente una posición de partida previa a la discusión parlamentaria propiamente dicha- resulta genérico, bastante inconcreto y muy abierto. Hasta el extremo de que no condicionará en absoluto el borrador que elevará la Junta a la Cámara para su tramitación parlamentaria.

En líneas generales, PSOE e IU acuerdan desarrollar el nuevo "marco jurídico y político" de los ayuntamientos para que estas administraciones diseñen "sus propias políticas", una obligación fijada en el Estatuto de Autonomía. La "voluntad descentralizadora" es, pues clara. Otra cuestión es la forma. Y, sobre todo, el dinero. IU ha logrado que en el preámbulo del texto se recoja la capacidad municipal para "intervenir en las políticas de empleo en su territorio", aunque este asunto todavía debe ser objeto de desarrollo.

En relación a las competencias, el texto aprobado no las enumera. Sencillamente destaca, parafraseando al Estatuto, que éstas deben ser "propias" y tener "financiación "incondicionada", de forma que se pase de la situación actual -muchos ayuntamientos dependen para sobrevivir de las subvenciones de la Junta- a un marco financiero algo más estable. ¿Cómo? Pues mediante la transferencia de "recursos" de la administracional regional.

El término elegido no es baladí: el PP planteaba que los consistorios tuvieran una parte de los ingresos (superiores a los tributos) e IU hablaba en su texto inicial de ambos conceptos. El PSOE defendía limitar la participación municipal exclusivamente a los "tributos", lo que ajusta al mínimo las posibilidades de financiación local, sobre todo dada la caída de la recaudación en los impuestos cedidos totalmente y parcialmente a la Junta. Esencialmente: el de transmisiones patrimoniales, el relativo al juego o a la electricidad o el de patrimonio, sin olvidar los tramos de IRPF, IVA, cerveza y bebidas alcohólicas. Todos ellos, tributos referenciados a la actividad económica. Esta participación en los "recursos" autonómicos se articularía a través de un "fondo de nivelación municipal de carácter incondicionado". No hay fecha ni cuantía asignada para esta bolsa de financiación.

Sobre la filosofía general, el acuerdo del grupo de trabajo glosa los planteamientos de socialistas e IU en el sentido de que la nueva ley funcione de manera "integral" y sea concebida de forma que la legislación sectorial -cambiante en función de las mayorías políticas coyunturales- no le afecte, algo obvio al tratarse de una legislación "estructural" de la Comunidad Autónoma, y garantice "la autonomía local como sujeto político activo".

La "suficiencia de recursos de los ayuntamientos" debería garantizarse mediante "un fondo de cooperación local", "el incremento de los fondos de nivelación municipal", "la participación en los recursos de la comunidad" y la "financiación extraordinaria para los municipios de régimen especial". En ninguno de los casos se fija cuantía mínima de estos instrumentos de financiación local. El PSOE ha eliminado del acuerdo la petición de IU de que parte de la deuda histórica se destinase a los consistorios. Según su versión, este dinero es finalista y no puede desviarse a los entes locales.

Lo sustantivo del acuerdo, sin embargo, es un párrafo introducido por los socialistas -IU no lo llevó nunca en su borrador- merced al cual se desvincula la necesidad de hacer al mismo tiempo la legislación local -sus competencias- y la correspondiente ley financiera. Dice: "Sería un error preceder (sic) el debate sobre financiación y, por lo tanto, la promulgación de la ley de participación de los entes locales en los tributos de la Comunidad Autónoma al de reforma del régimen local y al de la concreción a través de esta ley de las diferentes tipologías de competencias. Y todo porque entendemos que la financiación es un medio, no un fin". El letrado que asesora a los diputados no ve claro dicho párrafo. Pero lo cierto es que los socialistas lo llevaban en su propuesta desde el origen, lo que deja a decisión del Ejecutivo dicho compromiso político. Sobre todo teniendo en cuenta que el Estado no aprobará su normativa básica sobre los ayuntamientos hasta 2011.

2010