Las acusaciones y las defensas de los 22 acusados de ocupar ilegalmente diversas viviendas protegidas en la localidad granadina de Jun entre julio y octubre de 2005 acordaron ayer el pago de una multa de 360 euros para cada uno de ellos por un delito de usurpación. La conformidad entre la Fiscalía, la acusación particular y los dieciséis abogados defensores de las familias acusadas ha evitado la celebración de la vista oral, prevista ayer en el Juzgado de lo Penal 4 de Granada.

La ocupación de las viviendas se inició a principios de julio de 2005 con la llegada de una primera familia que, según relata el escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Efe, "con ánimo de establecerse permanentemente" y "sin gozar de titulo legitimador alguno" accedió al piso. La Guardia Civil custodió durante varios días los alrededores de los tres edificios.