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Juicio de los ERE

Un perito afirma que hubo riesgo de menoscabo de las arcas públicas

  • La Fiscalía y las acusaciones creen que la Intervención de la Junta debía haber actuado para paralizar las ayudas

Los nueve peritos en el juicio de los ERE. Los nueve peritos en el juicio de los ERE.

Los nueve peritos en el juicio de los ERE. / Raúl Caro / EFE

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El perito de la Intervención General del Estado Ángel Turrión ha dicho hoy en el juicio del caso ERE que tras "el cúmulo de irregularidades" expuestas por el interventor general de la Junta de Andalucía al analizar los expedientes de las ayudas, "obviamente el menoscabo" a fondos públicos es posible. "No quiero decir que lo haya, pero riesgo hay", ha precisado Turrión en respuesta al Fiscal.

Fiscalía y acusaciones sostienen que este peligro debiera haber obligado a la Intervención de la Junta -cuyo máximo responsable Manuel Gómez es uno de los 22 ex altos cargos acusados de prevaricación y malversación- a elaborar un informe de actuación que no se redactó pese a las deficiencias manifestadas en sucesivos informes.

La ausencia de ese informe que hubiera llevado a paralizar las ayudas es el argumento de varios ex altos cargos para defender que no hicieran nada, al señalar que la Intervención sólo alertó de deficiencias administrativas pero no de riesgo para las arcas públicas.

En la sesión de este lunes, en la que ha continuado la prueba pericial conjunta, los expertos de la IGAE -cuyo informe es la prueba clave de la acusación- y los propuestos por varias defensas han vuelto a debatir sobre si las ayudas a los ERE son ayudas o subvenciones -y por tanto sujetas su fiscalización previa- o si se podía o no usar al ente público IFA (luego IDEA) como "caja pagadora".

También si con el cambio de sistema en 2010 en el que la Consejería de Empleo dejó de usar las transferencias de financiación a IFA/IDEA para que pagara las ayudas e introdujo la encomienda de gestión supuso o no un cambio real, ya que según la IGAE se siguió "exactamente" el mismo sistema sin fiscalización previa, en este caso "el interventor delegado de Empleo ha declarado que por error".

Ello ha llevado al perito Juan Zornoza, propuesto por el ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, a señalar que eso prueba que el problema no estaba en el mecanismo presupuestario sino "en la ejecución del gasto" de quien daba las ayudas, la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo (dos exdirectores y dos exconsejeros de Empleo se sientan en el banquillo).

Importe medio superior a las ayudas del Estado

El fiscal ha instado a los peritos estatales a comparar estas ayudas pagadas con fondos de la Junta con las prejubulaciones financiadas con fondos estatales y reguladas en una orden ministerial de 1994, para preguntarles si se exigían los mismos requisitos y había el mismo seguimiento y control, a lo que Turrión ha contestado que no.

Además ha señalado que el importe medio percibido por los trabajadores en ayudas financiadas por el Estado era de 36.139 euros y el concedido por la Junta "66.401, casi el doble".

Los peritos de la IGAE han tratado de explicar por qué el "procedimiento específico" usado, pagar las ayudas a través del ente público IFA (luego IDEA), además de eludir la fiscalización previa que hubieran tenido si las hubiera pagado directamente la Consejería de Empleo, fue posible porque los presupuestos de la Junta y del IFA se elaboraron "fraudulentamente".

Con ello, según Turrión, se evitó que le saltara la alarma a la Cámara de Cuentas y "se indujo a error al Parlamento", utilizando para pagar ayudas un instrumento como las transferencias de financiación que según la IGAE sólo se puede destinar a cuadrar pérdidas y ganancias de los entes instrumentales.

Las defensas argumentan que en la documentación que acompaña a la Ley de Presupuestos y las cuentas generales de la Junta, ambas aprobadas anualmente por la Cámara, constaba que la Consejería de Empleo hacía transferencias de financiación a IFA para materializar el pago de las ayudas.

La Intervención del Estado critica el uso de "expresiones crípticas, ambiguas y genéricas" para esconder las ayudas en los presupuestos

Pero según la IGAE se usan "expresiones crípticas, ambiguas y genéricas" que "evitan decir" claramente que las ayudas no eran concedidas y pagadas por IFA y "en ningún caso" permiten saber que las daba la consejería y las abonaba el ente sin "poder hacerlo legalmente al no haber sido designada como entidad colaboradora".

Ha bromeado con que se usara la expresión "materialización singular" de las ayudas que "no lo entiende casi nadie", "con lo fácil que es decir pagar, el castellano es un idioma muy rico".

Para Juan Antonio Carrillo, perito propuesto por la ex consejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, "sí se deduce de las cuentas generales" y "parece bastante evidente", y el catedrático Juan Ramallo, propuesto por la ex consejera Magdalena Álvarez, ha insistido en que "el hecho es que las cuentas generales fueron aprobadas, si los parlamentarios se enteraron o no habría que preguntarles a cada uno de ellos".

Carrillo también ha subrayado que cuando al estallar el caso la Junta encargó a la Cámara de Cuentas revisar todas las ayudas dadas, su informe indicó que el instrumento presupuestario usado para pagarlas era "inadecuado" que "no es lo mismo que ilegal".

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