El Ejecutivo andaluz aprobó ayer operaciones de endeudamiento por un total de 2.984 millones de euros para el primer trimestre de 2020 a través del Fondo de Liquidez autonómica (FLA). La decisión se tomó ayer en el Consejo de Gobierno y no sería relevante de no formar parte del penúltimo capítulo de una confrontación que mantienen los inquilinos de San Telmo y La Moncloa. La disputa suelen protagonizarla los responsables de Hacienda en cada gabinete, María Jesús Montero en Madrid y Juan Bravo en Sevilla, pero ayer fue él vicepresidente Juan Marín quien lanzó el envite al afear a la ministra de Hacienda que haya dejado a Andalucía un “único camino” para obtener fondos con los que afrontar el pago de sus deudas.

El líder de Ciudadanos acusó también a Montero de mantener a Andalucía en la incertidumbre sobre la posibilidad de salir a los mercados financieros internacionales para obtener liquidez. “Hemos adoptado la posición de acogernos al FLA a la espera de la contestación que no llega”, lamentó Marín en la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno. Esta posición soliviantó al Ministerio de Hacienda, que se encargó de recordar que la propia María Jesús Montero remitió una carta a Juan Bravo el pasado 26 de diciembre en la que detallaba la situación y defendía que la única forma de volver a los mercados pasa por cumplir el objetivo de déficit de 2019.

Desde la Consejería de Hacienda, Industria y Energía están convencidos de que el endeudamiento de la Administración autonómica no superará el 0,1% del PIB regional, objetivo fijado por el Gobierno de Mariano Rajoy. Será posible gracias a que los 537 millones del IVA de 2017 no computarán como deuda. Ésa fue la oferta de Montero a las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado hace varias semanas. Andalucía votó en contra, pero el Gobierno central aprovechó su voto ponderado para sacar adelante la iniciativa, que iba aparejada a una nueva senda de estabilidad para los próximos años.

Será este jueves cuando el Congreso vote –y presumiblemente apruebe– los objetivos de déficit para 2020, 2021 y 2022. Frente al equilibrio presupuestario previsto para las regiones este mismo año, Montero ofrece a los territorios la posibilidad de endeudarse hasta el 0,2% de suPIB, un 0,1% en 2021 y retrasa la meta del déficit cero a 2022. La Junta no tiene previsto hacer uso de ese endeudamiento extra. Es más, Juan Bravo sostiene que el Gobierno no tiene el permiso de Bruselas para abrir la mano a las comunidades en materia de ortodoxia fiscal. “Se podría incumplir incluso el artículo 135 de la Constitución”, indican fuentes de la Consejería de Hacienda, en referencia al artículo de la Carta Magna que prioriza la amortización de deuda a otros gastos. El Ministerio niega tal posibilidad. Por contra, son conscientes que la UE sólo puede aprobar la nueva senda de estabilidad hasta que salgan adelante los Presupuestos Generales del Estado. No obstante, confirman que ya hay negociaciones encaminadas a que Bruselas de luz verde a la relajación del déficit regional.

Mientras tanto, Andalucía se acoge al FLA para hacer frente a obligaciones de pago por valor de 2.928,4 millones de euros y otros 55,82 millones para devolver al Estado la liquidación negativa del sistema de financiación de 2008. Hacienda finiquita de esta manera gran parte de sus vencimientos de pago para 2020, que en total ascienden a 5.093,85 millones, a lo que habría que sumar 223,3 millones de la mencionada liquidación de 2008. En el horizonte está el objetivo de salir a los mercados internacionales, que Juan Bravo pretende adelantar a pesar de sus quejas por la difícil interlocución que mantiene con María Jesús Montero.

La fecha que da el Ministerio de Hacienda, aludiendo a la ley, para reactivar la salida a los mercados no va a moverse. Será en octubre de 2020 cuando la cifra déficit de 2019 sea oficial y comience el trámite. Hasta entonces, Junta y Gobierno tienen varios meses para seguir discutiendo. La propuesta de Montero de poner en marcha una armonización fiscal ha puesto al Ejecutivo de Juanma Moreno en alerta. Aseguran que la iniciativa acabará generando una subida de impuestos e, incluso, la posibilidad de revertir las bajadas fiscales que abandera la Junta de PP y Cs.