Las comparecencias de Manuel Chaves y José Antonio Griñán son las que deben echar el cierre a las sesiones con las que el Parlamento está investigando el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares. Ese es el criterio más "razonable", a juicio del presidente de la comisión de investigación, Ignacio García (IU-CA), que se ha mostrado abiertamente partidario del aplazamiento de los interrogatorios a Chaves y Griñán. La comparecencia del presidente de la Junta -citado como ex consejero de Economía- y de su antecesor, estaba prevista para el viernes de la semana pasada, pero los miembros del PSOE y de IU-CA en la comisión acordaron posponerla, con el rechazo del PP-A.

"Lo razonable", insiste García, es que los dos dirigentes socialistas sean "los últimos" en acudir al Parlamento. Lo volvió a decir ayer el presidente de la comisión en la Cadena Ser. El parlamentario de IU-CA y vicepresidente primero de la Cámara defiende que de esa manera se garantiza una mayor "eficacia", ya que para cuando se produzcan sendas declaraciones, los grupos políticos presentes en la comisión "contarán con más información de la que dispondrían" el pasado viernes. Indignado, el PP calificó esta decisión como "inaceptable" y acusó a ambos dirigentes de "darse a la fuga".

"No se trata de una cuestión de protocolo, sino de eficacia", explica García, quien pone especial énfasis en recordar que Chaves y Griñán son "quienes han tenido la máxima responsabilidad jerárquica" en el período de tiempo en el que se produjeron las supuestas irregularidades que se investigan, de ahí que "lo razonable es que sean los últimos en comparecer". El presidente de la comisión sostiene que no hay nada "especialmente llamativo" que haya que "corregir" en la segunda ronda de comparecencias, ya que en las sesiones ya celebradas "los grupos políticos han tenido tiempo suficiente para preguntar y los comparecientes para responder".

De esta manera, de cara a esa nueva tanda de declaraciones, lo que espera el presidente de la comisión es que quienes sean citados a ella tengan "una buena disposición para colaborar", lo que "se da por supuesto", ha apostillado. Al hilo de ello, García estima en "unas tres semanas" el tiempo que podría quedar para que se inicie la segunda ronda de comparecencias, y se muestra convencido de que cuando concluya la comisión "habrá material suficiente para hacer un buen análisis", de forma que se podrá cumplir el objetivo de "profundizar" en el conocimiento de las supuestas irregularidades cometidas.

Precisamente hoy acaba el plazo para presentar las solicitudes de nuevas comparecencias y documentación, que serán analizadas en la reunión que mantendrá dicho órgano pasado mañana. El PP ya ha avanzado que presentará más de 25 nuevas solicitudes -como la que cita al actual consejero de Turismo, Rafael Rodríguez, en calidad de coordinador del informe de la Cámara de Cuentas-, entre las que se encuentran algunas que fueron rechazadas en la primera tanda, mientras que el PSOE no se ha pronunciado sobre nombres concretos e IU ha adelantado que le gustaría escuchar a representantes de las compañías aseguradoras y a comisionistas.

Según el portavoz del PP, Carlos Rojas, solicitarán las declaraciones de responsables del antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), de Idea y de la Intervención General de la Junta, como Rocío Marcos o el interventor que hizo el primer informe crítico en 2003, además de comisionistas, entre ellos el ex sindicalista Juan Lanzas.

Los populares también quieren que comparezcan representantes de aseguradoras e intermediarios por considerar que son "absolutamente claves" en lo ocurrido, ya que -a juicio de Rojas- ha quedado demostrado "por activa y por pasiva" que "ha habido fraude promovido por los propios responsables de la Junta, que eran los que imponían las aseguradoras".

Además, el PP volverá a pedir la comparecencia de beneficiarios de las ayudas a empresas como el ex alcalde de El Pedroso Rafael Rosendo o el ex chófer del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, ambos imputados por la juez Mercedes Alaya, junto a documentación que incluye "toda la contabilidad del IFA". Asimismo se da por hecho que acudirán la ex consejera de Hacienda Magdalena Álvarez, y el ex alcalde de Cazalla de la Sierra Ángel Rodríguez de la Borbolla.