Después de cuatro intentos fallidos, la Audiencia Provincial de Málaga celebró ayer la primera sesión del juicio contra 15 personas -cuatro de ellas mujeres- imputadas en el conocido como caso FARA por su pertenencia a la Federación Andaluza de Asocaciones Romaníes. El juicio se prolongará hasta el próximo mes de junio. Los acusados, que llegaron a la Ciudad de la Justicia acompañados de decenas de familiares y en medio de una gran expectación mediática, se enfrentan a una pena de 88 años de prisión por los delitos de falsedad en documento, amenazas al que fuera consejero de Asuntos Sociales de la Junta, Isaías Pérez Saldaña, coacciones y blanqueo.

El fiscal considera en su acusación que la federación gitana pudo apropiarse de 1,2 millones de euros de las subvenciones concedidas por organismos públicos para sufragar programas de apoyo escolar y de empleo para la comunidad gitana.

Ayer, los principales imputados en esta causa se negaron a declarar ante el juez y otros sólo lo hicieron a las preguntas de sus abogados. Así procedieron el tesorero Ramón V. C., el interventor Andrés A. M. y el secretario Salvador P. A., que aseguraron que nunca falsificaron nada, que no eran los responsables de las contrataciones y que no tenían acceso a las cuentas bancarias.

Tampoco los técnicos contratados por la organización para poner en marcha los programas percibieron en el transcurso de su trabajo ningún indicio de un presunto desvío de capitales, según declararon ayer.

El único que se sometió al cuestionario del Ministerio Público fue el empresario de Torremolinos R. H., que facturó varios pedidos a la organización por valor de 24.000 euros para material escolar. El empresario tenía tiendas de decoración, pero aseguró que poseía ese material porque se lo dieron como pago por otro negocio.

La investigación de este caso reveló la propiedad de inmuebles, de una flota de vehículos de lujo y de cuentas bancarias, además del uso de rentas no declaradas fiscalmente procedentes de establecimientos de ocio de la Costa del Sol.