Quedan ocho días para que concluya el plazo para presentar alegaciones al proceso de exhumación de la fosa de Alfacar. Nieves Galindo -nieta biológica del maestro republicano fusilado y enterrado junto a Lorca, Francisco Galadí, Joaquín Arcollas y, según la Junta, Fermín Roldán- ya anunció su intención de presentar a la Consejería de Justicia una solicitud en contra de la exhumación de su abuelo, Dióscoro Galindo. Pero, qué hará la familia del poeta?

A falta de precisar si finalmente alegarán o no, Manuel Fernández Montesinos aseguró ayer a este periódico que los herederos están "manteniendo reuniones con distintos expertos a lo largo de estos días" para ver "qué se puede hacer" respecto a este asunto y "si es viable" la posibilidad de recurrir.

La familia de la víctima más célebre de la guerra civil no ve con buenos ojos el proceso y ha dejado claro que no quiere identificar a su antepasado, aunque en su momento anunció que no se opondrá si la apertura se lleva a cabo a través de una orden judicial. En este sentido, la presidenta de la Fundación y portavoz de los herederos, Laura García-Lorca, sostiene que su familia no realizará movimientos que impidan o dificulten el proceso abierto por Justicia, dejando clara su intención de no alegar. Sin embargo, Fernández Montesinos siempre se ha mostrado mucho más contundente que su prima al mostrar su desacuerdo con la exhumación. Y ayer volvió a hacerlo al afirmar que "no nos vamos a quedar de brazos cruzados".

El que fuera anterior portavoz de la familia señaló que sus miembros tienen previsto reunirse "antes de que finalice el plazo" para presentar alegaciones, aunque no hizo público el día concreto en que ésta se llevará a cabo porque, en sus palabras, todos los familiares "han estado de vacaciones y no es fácil acordar la cita".

Así, de momento se limitó a anunciar que harán un comunicado que ponga punto y final a este asunto: "Vamos a hacer una declaración oficial muy pronto. Y será la última que hagamos".

El plazo de alegaciones, que expira el próximo jueves, servirá a la Junta para "ponderar la existencia de oposición por cualquiera de los descendientes directos de las personas cuyos restos puedan verse afectados por dicha intervención". Para respetar las posturas de las distintas familias sólo se identificarán los restos de aquellos fusilados cuyos parientes así lo hayan solicitado, pese a que el proceso implique una exhumación colectiva.