Los inspectores de la troika -formada por la Comisión, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)- quieren que se supervise con especial celo la aplicación del decreto ley sobre la función social de la vivienda del Gobierno andaluz. Los llamados hombres de negro, muy al contrario de lo que se había expresado desde el Ejecutivo de Mariano Rajoy, apenas entraron en profundidad en la naturaleza de la norma autonómica, si bien recomendaron un seguimiento de su desarrollo con el fin de garantizar que no tenga un impacto negativo sobre la estabilidad financiera, toda vez que prevé la expropiación temporal de pisos a la banca. La recomendación de esa supervisión se extiende también a la normativa estatal.

Junta y Gobierno central protagonizaron una agria polémica alrededor del decreto de vivienda andaluz, cuando fuentes del Ministerio de Economía difundieron que la Comisión Europea (CE) había remitido un escrito reclamando información sobre la norma andaluza. Según el deparmento que dirige Luis de Guindos, la CE habría puesto en duda la legalidad del decreto andaluz, que entraría en colisión directa con las condiciones del rescate a la banca española por parte de Bruselas.

Ahora, tras la visita realizada a España en los últimos días, los inspectores se han limitado a reseñar que "la aplicación de la nueva ley sobre esta cuestión debe vigilarse para evaluar si el equilibrio entre las preocupaciones justificadas de los deudores hipotecarios y las preocupaciones imperativas de estabilidad financiera es apropiado o si se requieren ajustes para garantizar la estabilidad financiera".