Andalucía ha vivido este año un importante cambio en su posición dentro del virtual mapa mediterráneo de las rutas migratorias: en el mes de julio se convertía por primera vez en el principal punto de entrada irregular a Europa por el mar, en la puerta del continente para las miles de personas que intentan alcanzar el sueño europeo. Según los datos de Acnur, 57.378 personas habían llegado irregularmente a España el pasado 25 de noviembre, más de la mitad por el Mar Mediterráneo. Y de ellas, la mayoría (46.823) habían desembarcado en la costa andaluza.

La comunidad autónoma afronta un reto migratorio sin precedentes. El freno a la ruta migratoria griega y el recrudecimiento de la libia, por un lado, y el aumento de la migración marroquí por otro han impulsado un fuerte crecimiento en las llegadas que se prevé que se mantenga. Las cifras están muy lejos de la crisis migratoria sufrida por Grecia e Italia en los años precedentes, cuando los migrantes se contaron por cientos de miles, y de hecho los especialistas aseguran que son manejables siempre que haya planificación. Pero la falta de un sistema de acogida suficiente ha provocado momentos de colapso en los servicios existentes, obligando al Gobierno central a habilitar primero dispositivos de emergencia improvisados cuya gestión ha caído en los ayuntamientos y derivando después en la creación de centros de acogida repartidos por la geografía andaluza, pero especialmente gaditana, para hacer frente a un fenómeno que llega para quedarse. Como en el resto del mundo, apuntan los expertos.

Radiografía de la inmigración irregular

Este repunte migratorio viene acompañado de otro fenómeno: el progresivo crecimiento en las llegadas de menores no acompañados. Si en 2016 supusieron el 5,8% del total de las personas entradas en patera el pasado año fueron ya el 10,8%, 2.177 niños y jóvenes. El Ministerio del Interior registró entre el 1 de enero y el 30 de septiembre (el último dato que aporta el departamento) a más de 11.000 menores. Y según datos de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, Andalucía ha atendido este año (hasta el 31 de octubre) a 8.528 niños.

Mientras la gestión de la inmigración irregular es una competencia estatal, la guarda de estos niños sí recae sobre la Junta de Andalucía. La comunidad autónoma a la que llegan los menores es la que tiene que hacerse cargo de su tutela y Andalucía es el evidente lugar de paso de la mayoría, aunque no sea su destino. Y si ha habido saturación en el sistema de acogida general, en el de los menores la situación ha sido incluso peor.

La Junta de Andalucía cuenta con 2.300 plazas en los centros de menores, a los que se han añadido 1.651 de emergencia que se han ido contratando conforme iba aumentando el número de llegadas y se iban colapsando los centros. Durante el verano se han vivido situaciones dramáticas, como la del centro de La Línea de la Concepción, en primera línea: ha llegado a albergar a más de 200 menores en un espacio con 24 plazas habilitadas. Los colchones en el suelo, duchas en el patio y fugas se han hecho frecuentes en los centros de menores. En la actualidad, apuntan fuentes autonómicas, no hay problemas de saturación de los centros; en estos momentos hay plazas suficientes para cubrir la demanda.

Pero el ritmo de llegadas se va a mantener y se espera otro repunte en primavera y verano, apuntan los expertos. En los últimos meses el número de menores marroquíes que cruzan el Estrecho ha ido en progresivo aumento: el paro, las dificultades sociales y la represión en la zona del Rif han impulsado las ansias de migrar de los jóvenes marroquíes. Cruzar a España se convierte en la única forma de progresar que ven muchas familias, alentadas además por unas mafias en crecimiento que ven en los menores un doble negocio: les cobran por cruzar el Estrecho y después por trasladarlos al punto que deseen.

En ese contexto, Andalucía ha batallado por lograr ayuda del resto del país durante meses. Reclamaba una solidaridad autonómica que ha tardado en llegar y lo ha hecho de forma muy reducida: el resto de comunidades autónomas han ofertado solo un centenar de plazas extra para menores extranjeros. El acuerdo logrado pasa por que, en el caso de que Andalucía tenga todas sus plazas cubiertas, el Gobierno tramite el traslado de los menores que lleguen a otra comunidad autónoma, que asumiría su tutela directamente. Por ahora no ha habido que activar ese acuerdo. Tampoco han llegado aún los 25 millones que el Gobierno ha aprobado destinar a Andalucía para sufragar la atención a estos menores, de un total de 40 millones que repartirá en todo el país.

Pero el sistema requiere de un cambio de mayor profundidad, apuntan los expertos. Como destaca Javier Cuenca, responsable de Save the Children en Andalucía, “los niños que llegan aquí en muchas ocasiones tienen un proyecto migratorio más allá de Andalucía, deberíamos de escucharlos y atender a los derechos de esos menores. Establecer un protocolo de traslado seguro, facilitar la reagrupación familiar”. Y no perder de vista, apunta el investigador de la Universidad de Granada José Carlos Cabrera, que estos menores, como los adultos, se están arriesgando a cruzar el Estrecho o el Mar de Alborán “ante la alternativa de vías legales para emigrar”. Ambos coinciden en algo: la planificación es imprescindible para evitar nuevos problemas el próximo verano.