¿Habrá dinero? Sí, pero poco. Muy poco. Bastante menos del que desearían los responsables de las consejerías del Gobierno que preside Susana Díaz. Ése será su gran escollo, el dique que deberán salvar siempre que puedan para poner en marcha sus proyectos. Despejar de telarañas la hucha y sacar de donde no haya para acometer -o por lo menos mantener- las políticas encomendadas por la jefa del Ejecutivo. Un neón en rojo que dice PRESUPUESTO 2014 luce en San Telmo y no se apaga ni un segundo. Para que no lo olviden.

Díaz ha compuesto un gabinete, para ese "tiempo nuevo" que tanto ha pregonado, con cinco consejeros que se estrenan: Manuel Jiménez Barrios (Presidencia), José Sánchez Maldonado (Economía), María José Sánchez Rubio (Igualdad, Salud y Políticas Sociales), Elena Víboras (Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural) y María Jesús Serrano (Medio Ambiente y Ordenación del Territorio). Entre los que repiten, María Jesús Montero (Hacienda y Administración Pública) y Luciano Alonso (Educación, Cultura y Deporte) se hacen con nuevas carteras. Estos son algunos de sus principales retos.

Guardiana de la ortodoxia

María Jesús Montero se ha hecho con la Consejería que más premura necesita en su toma de decisiones. La de Hacienda ha sido el primer departamento que ha aprobado su estructura y es que, en teoría, este mes, Montero debe comenzar a aprobar los Presupuestos Generales de la Junta para 2014. En unas semanas, tiene que estar lista la envolvente financiera, que es el conjunto de previsiones sobre gastos, ingresos, desarrollo de la economía y objetivos de déficit y deuda que constituye el eje vertebral de las cuentas. Para 2014, el Presupuesto andaluz no debe exceder de un déficit del 1%, lo que supone una reducción de un punto respecto a 2012. Pero es más: Andalucía debe cerrar sus cuentas actuales, la de 2013, con un desfase entre ingresos y gastos del 1,56%.

Este último porcentaje supuso un alivio para la Junta respecto a lo que, inicialmente, marcó el Gobierno central, pero Bruselas relajó las cifras para todo el país. Montero, no obstante, no parte de cero. Su antecesora, Carmen Martínez Aguayo, le ha dejado hecho buena parte del trabajo. Ha colaborado con Susana Díaz hasta el final, a pesar de que sabía que saldría del Gobierno. En este sentido, la lealtad de Aguayo le va permitir una sucesión muy tranquila.

Pero la nueva consejera de Hacienda tiene otro cometido: las relaciones con su homólogo nacional, Cristóbal Montoro, y las siempre complicadas negociaciones en los Consejos de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Andalucía, junto a Cataluña, son las dos únicas comunidades que suelen poner en duda los planes del Ministerio de Hacienda, que es el que, finalmente, coloca el objetivo de déficit y maneja el grifo del dinero, por medio del Fondo de Liquidez Autonómica. A pesar de las apariencias, Aguayo mantuvo buenas relaciones con Madrid y supo plantarse cuando hizo falta: la combinación de buena y mala le vino muy bien.

Un negociador tutelado

La Junta ha tenido dos tipos de consejeros de Presidencia: los que, realmente, eran los números dos del Gobierno, consejeros muy políticos, ejecutores de estrategia, y los organizadores, personas de trastienda con le único reto de apoyar al presidente. Gaspar Zarrías es el paradigma de los primeros; Luis Planas, de los segundos. Estos últimos, por lo general, suelen fallar en sus empeños. Griñán, por ejemplo, erró con sus dos primeros consejeros de Presidencia: Antonio Ávila, por falta de perfil político, y Mar Moreno, porque nunca fue una mujer de confianza de su equipo.

Manuel Jiménez Barrios es un político: militante del PSOE, fue alcalde de Chiclana en los años del boom inmobiliario, alcanzó altas cotas de popularidad y dimitió, por razones aún no explicadas, cuando los vientos electorales le venían a favor. Tras unos mandatos al frente de la secretaría general de Deportes, volvió a su provincia de Cádiz a recuperar el territorio para Griñán. O, para ser más exactos, para Susana Díaz: Jiménez Barrios es el presidente provincial del PSOE, hombre de confianza de la presidenta de la Junta más que su secretaria general, la ex alcaldesa de Sanlúcar, Irene García.

A Jiménez Barrios le han encargado llevar las relaciones con los consejeros de IU, y no parece que vaya a tener problemas, ni por carácter ni por falta de cintura. En este sentido, es una buena elección, aunque como se vio en su primera rueda de prensa después del Consejo de Gobierno del viernes, sus aspiraciones van más allá: quiere dar un acento político.

No obstante, su labor de coordinación entre consejerías está, en cierto modo, muy apoyada. Máximo Díaz Cano, secretario general de Presidencia, es un cargo de Díaz, así como su viceconsejera, María Felicidad Montero.

El drama del desempleo

Retos no le van a faltar a José Sánchez Maldonado al frente de la macroconsejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, que aglutina competencias en materias tan variadas como el desarrollo industrial, la política energética, el comercio exterior, la I+D, las universidades o el mercado laboral. Pero su principal desafío es reducir la elevada tasa de desempleo, que afecta en Andalucía al 35,7% de la población activa. La Junta se ha posicionado en contra de la reforma laboral del Gobierno de Rajoy. Este rechazo se plasma en la negativa a adoptar algunas de las medidas complementarias de la reforma que entran dentro de sus competencias, como el abono de incentivos a las Empresas de Trabajo Temporal por la colocación de desempleados. También deberá impulsar el papel del Servicio Andaluz de Empleo para tratar de mejorar la colocación de los desempleados.

Otro de los frentes abiertos con el Ejecutivo central es la política energética. Andalucía recurrió ante el Tribunal Constitucional el recorte a las primas de las energías renovables, sector que el Gobierno regional considera estratégico, y que encuentra en Andalucía una de las zonas del mundo con mayor potencia instalada de fuentes energéticas "verdes". Además, la reforma energética también impone un tijeretazo a la retribución de otras tecnologías en las que Andalucía tiene un peso específico como las plantas de ciclos combinados. Asimismo, el Ejecutivo de Díaz debe aclarar su posicionamiento en relación con el uso de técnicas de extracción de hidrocarburos por fractura hidráulica , también conocidas como fracking. Andalucía es una de las regiones que más interés está despertando entre las empresas del sector, pese a la oposición de ecologistas. También le tocará gestionar la resurrección de la minería en la Faja Pirítica, un sector por el que apostó su antecesor, Antonio Ávila, que licitó un histórico concurso de derechos mineros, y mantener la pujanza del comercio exterior andaluz, que va camino de alcanzar un nuevo récord histórico en 2013 y constituye uno de los escasos puntales con los que cuenta la economía andaluza. En cambio, aún no está resuelta la situación económica de Alestis, el tier one andaluz con capacidad para trabajar directamente con los grandes fabricantes aeronáuticos y del que la Junta es uno de sus principales accionistas.

Por sus manos también pasará el futuro del sistema universitario andaluz, que se enfrenta a una notable merma de recursos y alumnos, que podría agravarse con el endurecimiento de los requisitos para acceder a becas planteado por el ministro de Educación, José Ignacio Wert.

La "cara amable" con el 40% del presupuesto

María José Sánchez Rubio tiene ante sí el reto de hacer creíble la apuesta de la Junta por las políticas sociales, plagadas de recortes en los últimos ejercicios pese a la propaganda oficial. A su vez, la nueva consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales hereda el monstruo de la sanidad andaluza, un aparato que consume más de 9.000 millones de euros al año y que también se ha visto sometido a la tijera. Esta macroconsejería no era tal hace año y medio, pero José Antonio Griñán las unió y Susana Díaz ha rubricado esta estructura de difícil encaje. Porque Sánchez Rubio, mujer de apariencia frágil a la que Díaz encomienda ser "la cara amable" de su Gobierno, será la responsable de gestionar el 40% del presupuesto de la Junta. Con su elección, Díaz ha preferido devolver la política social a la cúspide de las prioridades políticas (habrá que ver si también inversoras) después de que su antecesora, María Jesús Montero, no fuese capaz de integrarlas en su departamento.

A Sánchez Rubio la avala su trayectoria durante más de 30 años en la gestión de departamentos de asuntos sociales en el Ayuntamiento de Granada y en la delegación de la Junta en esa provincia, pero las dudas surgen cuando se analizan las competencias de Salud. Porque si Montero y su equipo supieron hacerse imprescindibles durante casi una década, ahora la apuesta de la presidenta se ha inclinado por la promoción de lo social frente al más farragoso día a día de la sanidad.

Sánchez Rubio tiene el objetivo de hacer bandera de la aplicación de la ley de dependencia como alternativa al desmantelamiento del sistema que practica el Gobierno central. La Junta ha sido cómplice hasta ahora. Los expedientes de los nuevos dependientes duermen desde hace año y medio en un cajón, las transferencias del Gobierno se han reducido en un porcentaje considerable y las arcas andaluzas no están para hacer emblema una ley ideada antes de la crisis. A ello se une el déficit histórico de la comunidad en plazas de residencias o la baja calidad de la ayuda a domicilio, por lo que la opción de la paga económica y que el dependiente se las arregle parece que se consolidará. Otro de los retos urgentes de la nueva consejera es hacer las paces con el sector social, numerosas ONG que prestan servicios de atención a la discapacidad, drogodependientes y otros colectivos que sufren los impagos de la Junta. El salario social para los más desfavorecidos debiera ponerse al día con las últimas aportaciones millonarias del decreto contra la exclusión social. La atención a una población cada vez más envejecida debe seguir siendo prioritaria. Sánchez asume también las políticas de igualdad (mujer) y juventud, cuyos organismos se los dio Griñán a Díaz en 2012 para sustanciar la Consejería de Presidencia.

En el ámbito sanitario, Sánchez Rubio tendrá que terminar de componer la "racionalización" que inició Montero en el mapa de estructura. También tendrá que firmar la paz con los colectivos de profesionales molestos con los recortes salariales y de efectivos, como también rentabilizar las terapias pioneras que se ponen en práctica en Andalucía de las que Montero hizo su traje ante la opinión pública. El gran desafío de Sánchez Rubio será la gestión cotidiana con el objetivo de hacer la sanidad andaluza igual de eficaz casi con los mismos recursos.

Resultados escolares

Luciano Alonso presentó el pasado miércoles, un día después de que se iniciara el curso en los colegios, la educación como "la máquina más potente para generar igualdad". Esta definición entraña una de las líneas seguidas por su departamento: la defensa de la enseñanza pública frente a la supuesta privatización y merma de oportunidades que "acechan" desde Madrid. La confrontación continuará. La batalla en el terreno educativo entre los Ejecutivos central y andaluz está marcada por la futura aprobación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) que desde la Junta se percibe como una afrenta a los logros adquiridos por los andaluces en este ámbito durante las últimas décadas. Éste será un motivo de disputa que continuará durante el curso recién inaugurado y al que la Administración regional ya ha respondido con varias iniciativas en las que también se percibe la influencia de los socios de gobierno, IU, que se ha notado en el recorte de la concertación a centros privados -la mayoría de ideario católico- por motivos demográficos que, por ahora, ha sido paralizado por el TSJA al otorgarles medidas cautelares para que al menos este curso continúen con las ayudas públicas.

Pero, sin duda, el reto más difícil al que se enfrenta Alonso es el de la mejora de los resultados escolares, a todas luces insuficientes pese a que en los últimos cursos ha habido cierto avance. Los resultados en PISA demuestran que Andalucía sigue estando entre las últimas regiones europeas en abandono escolar y fracaso educativo. Así, el último informe sobre el sistema de enseñanza andaluz destaca que en abandono escolar se ha bajado por primera vez del 30% del alumnado hasta situarse en el 28,8%. Pero aún se está a cuatro puntos de la media española y sólo por delante de comunidades como Baleares y Extremadura. En cuanto al fracaso, el avance ha sido más significativo al estar sólo a un punto de la media estatal, por lo que Andalucía ocupa el puesto número 12 de las 17 comunidades españolas.

Lluvia de fondos

La nueva consejera de Agricultura, Elena Víboras, casi parte de cero. Es médico de profesión y de hecho sus principales preocupaciones cuando fue parlamentaria autonómica se centraron en las políticas sanitarias. Después se dedicó al mundo del municipalismo como alcaldesa de Alcalá la Real (Jaén). Si se descuenta el hecho de que ha regido uno de los ayuntamientos con más tradición olivarera de la comunidad, su experiencia en la gestión agraria es nula.

El gran reto a corto plazo de Víboras es superar ese hándicap y de subirse con éxito a un tren en marcha de importancia vital para Andalucía: la negociación interna de la nueva Política Agraria Común (PAC). Aunque ya su antecesor, Luis Planas, la dejó encarrilada, los asuntos que quedan por dilucidar no son menores. Entre ellos está, por ejemplo, el reparto efectivo de los fondos, es decir, qué corresponderá a cada agricultor o ganadero. El criterio de la comarcalización está fijado, sí, pero plasmarlo sobre el papel es una cuestión de enorme complejidad. Quizás, como acaba de reivindicar Asaja-Andalucía, la virtud de Víboras no sea tanto imponer su sello como dejar que el equipo negociador de la PAC -excluido evidentemente Planas- continúe con la línea de trabajo marcada, unánimemente elogiada por las organizaciones agrarias. La cuestión no es baladí: hay casi 2.000 millones en juego, y empezar desde cero es dar ventaja a otras autonomías que no dudarán en sacar tajada de la región que más recibe, un 30% de los fondos a nivel nacional.

Víboras se enfrentará al reto, además, de recuperar algunas de las políticas agrarias que quedaron muy limitadas por culpa del recorte presupuestario de 2013. Este año el dinero disponible para agricultura y desarrollo rural se ha situado en mínimos históricos, después de una rebaja de algo más del 5%. No ha habido dinero de la Junta, por ejemplo, para los seguros agrarios, y las ayudas para la modernización de regadíos y primera instalación de agricultores no se abonan desde 2010, algo que está llevando a muchos productores a abandonar sus proyectos. La indisponibilidad presupuestaria también ha dejado en el aire proyectos cofinanciados por Europa de desarrollo rural, y eso que la Junta sólo abona, normalmente, el 15%. Si no lo hace, el dinero de Europa y del Estado no llega.

Otra cuestión que deberá abordar la nueva consejera es la reivindicación de IU: la creación de un banco de tierras público.