"Cerramos uno de los peores años de la historia reciente de Andalucía con un 38% de la población en situación de exclusión y pobreza, y con un estado de Emergencia Habitacional. El pueblo se siente a la deriva sin unas administraciones que puedan corregir, o al menos aliviar, la difícil situación económica y social". Con esta dureza arranca el informe anual de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía que ayer presentó en rueda de prensa Valentín Aguilar, coordinador regional de la plataforma.

Los datos recogidos no dejan margen a la duda y escaso margen a la esperanza: el 25% de los andaluces, unos 2,2 millones de personas, viven en situación de exclusión social, con más de un millón en situación de exclusión severa. El informe subraya que el 46,4 % de los hogares andaluces tienen serias dificultades para llegar a fin de mes, 10 puntos más que la media española (36,7%).

Según denuncia la asociación en este informe sobre vulneraciones de derechos humanos en Andalucía, la tasa de pobreza y exclusión en la región es del 38,3%, la segunda más alta de España.

La APDHA alerta en su memoria de que desde 2007 se han triplicado las personas que viven en la calle, lo que se agrava por "las recientes ordenanzas municipales de Sevilla y Córdoba, que cometen el sinsentido de multar a una persona por vivir en la calle y ser pobre", explicó el coordinador del informe.

La implantación de la renta básica universal y de una ley de inclusión social fueron las recetas propuestas por la APDHA para paliar el problema de la pobreza y de la exclusión social en Andalucía en las que es especialmente grave la situación de los inmigrantes en Andalucía. Al respecto, Aguilar criticó que estas personas "no tienen acceso a derechos sociales como el salario social o las bonificaciones de precios de escuelas infantiles y comedores sociales".

La atención sanitaria en las prisiones ha sido también uno de los puntos destacados del informe, con un 5% de los reclusos padeciendo la tuberculosis, cien veces más que la población general según la OMS, y con "un médico por cada 162 presos, mientras que hay un guardia por cada cinco reclusos", detalló la asociación.

Sobre la prostitución, las conclusiones del informe de la APHDA exigen a las administraciones "que se reconozca el ejercicio de la prostitución como un trabajo más, con los correspondientes derechos de sindicación, negociación colectiva y Seguridad Social".