Las reformas que ha sufrido la Ley del Menor han sido a golpe de alarma social, a fuerza de titulares sobre casos especialmente sensibles para la sociedad. No es una opinión, no sólo. Se trata de una de las conclusiones a las que llega el estudio Justicia Juvenil en Andalucía. Diez años de funcionamiento de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, un trabajo coordinado por el profesor Juan García García de la Universidad de Almería, que arroja luz sobre una norma cuestionada prácticamente desde su entrada en vigor en 2001. "Las repetidas modificaciones de la ley han tenido como objetivo incidir en el endurecimiento progresivo" de las sanciones y "el enfásis en salvaguardar los derechos de las víctimas", señala el informe. Estas reformas, continúa, "han venido producidas más por la alarma social que por el aumento de las cifras de delincuencia juvenil, la intensidad o gravedad de los delitos". Según las estadísticas de estos diez años, los delitos que más han crecido son los que engloban la violencia de hijos a padres, las lesiones y robos con fuerza, entre otros, y, por contra, los delitos que descienden son robo con violencia, tirón, tráfico de drogas y, homicidios/asesinatos consumados.

En entredicho especialmente por la respuesta que la justicia ha dado a procesos tan graves como el de Sandra Palo, de cuyo asesinato se cumplieron el pasado 17 de mayo 10 años, esta ley se ha revelado, sin embargo, verdaderamente eficaz para la mayoría de los casos que llegan a los Juzgados de Menores. El juez Emilio Calatayud defiende este discurso: "Cuando se produce un caso de ese calibre, hay tal avalancha de noticias que parece que no funciona la ley, pero Rafitas y Cucos hay muy pocos".

El estudio aporta un dato alentador: el nivel de reinsercción de los menores que finalizaron la ejecución de alguna medida en abierto alcanza el 80%. Calatayud dibuja un mapa humano a partir de los protagonistas que se sientan a diario en su banquillo, una suerte de microcosmos de la sociedad. "El 80% de los chavales que enjuciamos comenten delitos pero no son delincuentes. Hoy día se ha judicializado todo, todo es delito. Lo que les hace falta a la mayoría de estos chicos es un castigo, un cachete, que vayan haciéndose adultos. Con las medidas en abierto en las que se trabaja de manera continuada, pagan lo que han hecho, reflexionan y van madurando. Luego -apunta el juez- hay un 20% que es carne de cañón, independientemente de que la ley se endurezca más o menos. De ese porcentaje, la mitad es muy trabajable, y con recursos y suerte, pueden salir adelante. La otra mitad corresponde al perfil del delincuente común".

Esta tesis choca frontalmente con la corriente que pide una rebaja en la edad penal de los menores -ahora es de 14 a 18 años-. La Junta, en declaraciones del consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, "no considera necesario" esta rebaja, porque "las políticas de prevención están funcionando en Andalucía como demuestran los indicadores de no reincidencia y de reeducación de los menores".

Calatayud argumenta con ejemplos reales: "Antes de bajar a 12/13 años hay que exigir más a los padres, a la escuela y a la propia sociedad y no establecer contradicciones. Es decir, es una contrariedad que un niño de 13 años pueda consentir relaciones sexuales y sin embargo no pueda ser acusado de un delito; es una barbaridad que una cría de 12 años pueda comprar la pastilla del día después y no pueda mantener relaciones sexuales; es una barbaridad que con 16 años pueda abortar sin consentimiento ni conocimiento de los padres y para ir a prestar declaración tenga que ir acompañada de sus padres o no pueda comprar tabaco".

Evidencias que revelan la necesidad de un profundo debate parlamentario entre los partidos para corregir los flecos de la ley. "Ahora el PP propone elevar la edad mínima para el matrimonio de 14 a 16 años, y estoy de acuerdo con eso, pero es un sinsentido que el consentimiento para las relaciones sexuales sea a los 16 años, porque eso significará que vamos celebrar a diario juicios por violación; a los 14 y 15 ya mantienen relaciones sexuales", insiste el magistrado.

Con la norma que está vigente hoy, el perfil medio de las resoluciones es el de un chico de entre 16 y 17 años al que se le impone una medida de libertad vigilada. Sin embargo, "las chicas han crecido en representación" y "más precoces". El incremento de las agresiones en el seno del hogar es también un dato alarmante. "Si a nivel global las niñas representan el 25%, en el caso concreto de la violencia familiar los porcentajes alcanzan un 40/45%". ¿La razón?: "A los chavales se les ha hablado de derechos, no de deberes. En la última reunión nacional, la primera conclusión fue la de solicitar el cambio del Código Civil por la que los padres pueden corregir razonable y moderadamente a los hijos. El artículo del Derecho de corrección se quitó. Da miedo hablar de autoridad de padres y profesores y los críos se han subido a la parra. Y el maltrato de hijos a padres es un delito típico de clase media-media alta. Nunca he condenado a un gitano por pegar a sus padres", valora el juez.

Los menores que cumplen medidas por este tipo de delitos lo hacen, explican fuentes de la Consejería de Justicia, "en grupos de convivencia, en centros de internamiento con programas y profesionales especializados". La labor de reeducación no radica sólo en manos del menor: "También se trabaja con las familias, ya que la medida judicial tiene fecha de caducidad y el menor tiene que volver al entorno en que se generó el conflicto".

Junto con la familiar, la violencia entre iguales y el acoso escolar son lacras que ya suenan comunes. Con la popularización de los sistemas móviles, la versión de estos delitos ha saltado a la red, como el reciente caso de la distribución del vídeo sexual protagonizado por una menor de Cádiz. Aunque la Junta cree que estos delitos "no son tan numerosos, al menos en Andalucía", Calatayud considera que el problema estriba en el desconocimiento de su peligrosidad. "Cuando graban una imagen y la distribuyen pueden estar violando los derechos de esas personas y desconocen que eso es delito. No son conscientes ni padres, ni hijos. ¿Cómo se valora que cinco mil o diez mil personas hayan visto a una cría de 14 años humillada y vejada?".

Preguntas que la ley deberá responder en un sistema judicial que también sufre la tijera. Pese a que el departamento de De Llera cifra la inversión actual en esta materia en 81 millones en 2012 (respecto a los 28 destinados en 2002), Calatayud reconoce rebajas en torno al 10% en programas y profesionales. "Es caminar para atrás. Hay muchas formas de recortar. Un menor que pasa más de seis meses en un centro, cuando sale tiene una paga de 400 euros, como los presos, que puede alcanzar los 18 meses. En época de crisis, es potenciar el delito. Si soy padre de tres niños, estoy parado y sin ayuda, le digo al niño que se ponga a pegar tirones. Creo que habría que suprimir esa partida y destinarla a programas", explica el juez que en 2008 recogió algunas de sus resoluciones en un libro, Mis sentencias ejemplares, junto al periodista Carlos Morán. Una clásica de Calatayud es condenar a estudiar la enseñanza obligatoria. Y añade: "Muchos vuelven dando las gracias".