El presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, ha citado a la Fiscalía y a las defensas de los 19 ex altos cargos condenados en la pieza política de los ERE, entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, para organizar cómo se desarrollará la vista pública fijada para los días 4 y 5 de mayo en la que se expondrán los recursos presentados contra la sentencia de la Audiencia de Sevilla.

El magistrado ha dictado una providencia en la que convoca al Ministerio Público y a los abogados de la defensa a una reunión el próximo 31 de marzo en la biblioteca del Alto Tribunal con el objetivo de "ordenar el desarrollo de la vista del presente recurso de casación", precisa la resolución.

Fuentes del caso han indicado que la finalidad de esta reunión consiste básicamente en establecer cuestiones de orden relacionada con esta vista pública, como por ejemplo el turno de intervenciones y la duración de las mismas, dado que lo lógico es que se fije de acuerdo entre todos los intervinientes un tiempo máximo de duración para la exposición de los recursos por cada una de las partes.

La sentencia definitiva de los ERE, está cada vez más cerca. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha fijado para los días 4 y 5 de mayo, a las 10:00 horas, la vista pública de los recursos presentados contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que el 19 de noviembre de 2019 condenó a los gobiernos socialistas de una década en la pieza principal de la macrocausa de los ERE, en la que se enjuició el denominado "procedimiento específico" por el que se concedieron 680 millones de euros en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis en el periodo 2000-2009.

El tribunal que estudiará los recursos estará formado por los magistrados Juan Ramón Berdugo, como presidente, Ana María Ferrer, Carmen Lamela, Susana Polo y Eduardo de Porres, ponente de los recursos. En una providencia que tiene fecha del 3 de marzo, la Sala explica que se ha convocado esta vista pública "dada la complejidad" del recurso, y también comunica a las partes que las sesiones podrán ser de mañana y tarde. La decisión del Alto Tribunal implica que la sentencia definitiva del caso se conocerá antes del verano, como ya adelantó este periódico.

La convocatoria de esta vista pública, que se celebrará en plena Feria de Abril de Sevilla, había sido solicitada por varias de las defensas de los 19 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que fueron condenados por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

La Fiscalía del Tribunal Supremo se ha opuesto a los recursos de las defensas y mantiene que hubo un “plan” preconcebido para materializar la disposición de fondos públicos en la Junta de Andalucía durante una década y que ese plan fue una decisión “colectiva”, “colegiada”, y “compartida” de los gobiernos andaluces presididos por los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán que fueron condenados por la Audiencia de Sevilla.

En un extenso escrito de 789 folios, los fiscales Fernando Prieto y Rafael Escobar pidieron al Tribunal Supremo que ratifique íntegramente la sentencia del denominado “procedimiento específico” de los ERE, en la que fueron condenados 19 ex altos cargos de la Junta, entre ellos Griñán a 6 años y 2 días de prisión y a inhabilitación absoluta por tiempo de 15 años y dos días por un delito continuado de prevaricación en concurso ideal con otro de malversación de caudales públicos, mientras que Manuel Chaves fue condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación. La sentencia de la Audiencia de Sevilla tiene una extensión de 1.821 folios, y fue redactada por el magistrado Juan Antonio Calle Peña, ponente del tribunal -que se jubiló recientemente- que, junto a Pilar Llorente y Encarnación Gómez, enjuició el caso durante todo un año.

Los fiscales sostienen que la utilización “inadecuada” de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas que concedía la Consejería de Empleopero abonaba el IFA/IDEA y la utilización del convenio marco de 2001 son “piezas claves del engranaje del plan urdido para la distribución caprichosa de las ayudas al margen de la legalidad”.

Al igual que defendieron durante el juicio los fiscales delegados de Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra, consideran acertada la decisión de la Audiencia de Sevilla respecto a que en el periodo 2000-2009 se instauró un sistema “ad hoc” para la concesión de las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis “con la finalidad de prescindir del procedimiento reglado y del necesario control financiero y proceder a la distribución arbitraria, selectiva e incondicionada de las ayudas”.

Los acusados, prosigue el Tribunal, eran conocedores de la “ilegalidad del sistema” e hicieron “caso omiso de las advertencias que al efecto les fueron remitidas por la Intervención General la Junta [en alusión a los informes que alertaban de las irregularidades], manteniendo la opacidad y el secretismo para primar el beneficio particular frente al general, convirtiendo la subvención en un desplazamiento patrimonial con fundamento en la mera liberalidad de la entidad concedente”.