Fraude en la formación

Un jefe de servicio niega que recibiera "órdenes ilegales" para permitir el fraude en los cursos

  • Afirma que en diciembre la dirección general de Formación preguntaba por las empresas "pilladas" con algún pago pendiente. Detenidas otras 23 personas por el caso.

El jefe de servicio de Formación de la delegación provincial de Empleo en Almería Blas Méndez Capel negó este martes en su declaración ante la juez Mercedes Alaya que recibiera alguna “orden, directriz o indicación de carácter ilegal” para permitir el fraude de los cursos de formación, ya que, según ha puesto de manifiesto, “no le consta” que se hayan recibido tales órdenes y demás ignora “si se hubiesen podido mantener ocultas”.

En su declaración ante la juez Alaya Blas Méndez, que ha sido el primero en declarar de los 11 jefes de servicio imputados en el fraude de los cursos, el imputado también ha negado que haya dado “ninguna orden a sus inferiores sobre la comisión o imposición de algún tipo de irregularidad”.

La magistrada le ha imputado un delito de malversación de caudales públicos, por los “graves incumplimientos en materia de justificación” de las subvenciones, dado que la mayor parte de la documentación aportada eran “fotocopias sin compulsa”, y también le ha atribuido haber participado de las “decisiones recibidas de los responsables de la Consejería de Empleo para no realizar el seguimiento adecuado de las acciones formativas ni ser exigente en la comprobación del destino de los fondos subvencionados”. Esas directrices recibidas, que el jefe de servicio de formación en Almería ha negado en su comparecencia, se habrían ejecutado según Alaya mediante la emisión de los “certificados de finalidad”, con lo que se liberaba el 25% restante del pago de la ayuda y se “frenaba la labor de control de la Intervención”, y mediante las “resoluciones de exoneración” de las subvenciones, “en cuya preparación el inculpado participó” en los ejercicios correspondientes a su cargo, siendo él quien “confeccionaba u ordenaba confeccionar el listado de empresas correspondientes al territorio de la delegación provincial de Almería”.

La magistrada sostiene esas empresas “sin mediar razón pública o interés social, eran favorecidas” por la personal decisión del imputado, permitiéndoles recibir nuevos pagos de subvenciones a pesar de que tenían pendientes de justificar anteriores ayudas, lo que vulneraba la ley general de la Hacienda Pública. Alaya concluye que con su actuación “en connivencia” con sus superiores generó un “grave menoscabo de fondos públicos, destinándolos a un uso distinto del legalmente previsto”.

En su declaración, Blas Méndez explicó que “a veces” se iniciaron expedientes de reintegro de las ayudas –cita una media de 20 o 30 al año sin que se paralizaran o dejaran caducar- y dijo que aproximadamente en el mes de diciembre la dirección general de Formación preguntaba a las delegaciones provinciales de Empleo si había alguna empresa “pillada” con alguna orden de pago pendiente, es decir, que tuviera justificaciones pendientes para incluirlas en las resoluciones de exoneración. El imputado ha explicado que en Almería no había muchas empresas en esa situación, que serían 10 o 15 entidades, y ha añadido con respecto a las resoluciones de exoneración que él se “limitaba a dar traslado a sus inferiores de las órdenes recibidas por sus superiores”. En cualquier caso, ha defendido que esas resoluciones de exoneración “no eximían a las entidades de justificar posteriormente” los cursos.

Alaya le preguntó expresamente si como jefe de servicio ve normal que en el año 2100 se exonerara de justificar a 1.410 empresas, a lo que el imputado respondió diciendo que “no lo entiende”. Sí ha reconocido que las facturas eran fotocopias, la mayoría sin compulsar, y ha dicho que no puede afirmar que “se le presentaran lo originales de las facturas al auditor”.

Además, dijo que “no se explica las irregularidades observadas” y sobre el desorden en los expedientes señaló que puede deberse al “desorden provocado por la empresa que se encargó del escaneo”. También ha reconocido que en la delegación de Almería se llevaba la labor de justificación “con un retraso razonable, con el que no se perjudicaba el funcionamiento del servicio”.

Por último, Blas Méndez consideró “imposible” la afirmación de la Guardia Civil de que en Almería las cantidades pendientes de justificar ascienden a 17,5 millones, ya que desde la creación del SAE en Almería hasta 2013 la Intervención certificó que las cantidades a justificar en ese período ascendía a 6,4 millones.

Alaya había citado también a declarar a dos jefes de servicio de Formación en Sevilla, Carmen Gómez Laguillo, que se acogió a su derecho constitucional a no declarar, y Daniel Fito García, cuya declaración ha sido aplazada al próximo viernes al haber alegado el imputado que no había tenido suficiente tiempo para instruirse de las actuaciones.

Detenidas otras 23 personas por el fraude en la formación

La Policía ha detenido este martes a otras 23 personas en varias provincias andaluzas dentro la operación Eduende, tercera fase de la denominada Edu que investiga supuestas irregularidades en la concesión de subvenciones a empresas para cursos de formación. Según han informado fuentes policiales, no se esperan más arrestos este martes en una operación que lleva a cabo la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y que continúa abierta. 

Este lunes, los agentes detuvieron a 30 personas e imputaron a otras tres en Cádiz, Málaga, Almería, Córdoba, Jaén y Granada, mientras que otras 5 fueron arrestadas en Sevilla. Se trata, entre otros, de directores jefes de servicio y jefes de departamento de las direcciones de Empleo de la Junta de Andalucía correspondientes a casi todas las provincias andaluzas y administradores de empresas que han recibido subvenciones. Los detenidos se elevan a 58 personas en esta tercera fase, además de tres imputados. 

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