El Observatorio Estatal para la Dependencia, reunido ayer en Segovia, concluyó que la comunidad de Castilla y León, con 9,3 puntos, y el País Vasco, con 8,3, son las comunidades que gestionan mejor la dependencia en España. Le siguirían La Rioja y Cantabria (6,3) y en quinta posición Andalucía (5,8), mientras la Valenciana se encuentra en el último lugar, con 0,4. Andalucía repite en diciembre la misma nota que en el examen de junio, aunque su rendimiento ha ido deteriorándose desde los notables que obtuvo a principios de 2008 y años posteriores. La Junta de Andalucía ha reactivado las ayudas a la dependencia en las últimas semanas después de un año y medio en el que se paralizaron los nuevos expedientes, metidos en un cajón.

Esta práctica ha influido en el descenso valorativo de Andalucía en unos datos que presentó este observatorio y en el que se analizan varios parámetros. A nivel general, el presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España, José Manuel Ramírez, concluyó que el sistema de atención a dependientes está "colapsado" y ha llegado a un "punto total de estancamiento" con 190.000 personas en espera de prestación. Ramírez manifestó que en España "morirán entre 60.000 y 70.000 dependientes con derechos reconocidos, mientras esperan una residencia o una ayuda".

El Observatorio ha detectado que se están reduciendo paulatinamente las personas con gran dependencia, 23.608 en el último año, sin que la reposición por agravamiento de las personas con dependencia severa supla a los primeros. En términos de financiación, en 2013 se redujo el gasto público en un 4%, unos 212 millones de euros menos, respecto al anterior, cifrándose en un total de 6.300 millones de euros.

Andalucía suspende en parámetros como la pérdida de grandes dependientes por encima de la media estatal y en la pérdida de población atendida interanual (tasa de reposición). También en los sistemas de información a tiempor real y en el seguimiento sistematizado. El director de Imserso, César Antón, contestó ayer al estudio que el sistema tiene un total de 753.842 personas beneficiarias y que se ha reducido en un 38% la lista de espera para recibir estas prestaciones.