Sevilla sirvió ayer de escenario para un encuentro entre representantes de la empresa Pascual y de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, del que apenas nada trascendió de manera oficial.

Mientras representantes de Pascual defendían sus posturas en la capital andaluza, en Cádiz, más de 400 empleados de los cuatro centros sanitarios que el empresario gaditano posee en la provincia daban también la cara por su futuro y por su empresa. A mediodía rodearon el edificio de la Delegación de la Consejería de Salud para exigir a la Junta una salida al conflicto laboral.

Desde ese día, la plantilla comparte con la empresa la idea de que consideran que se interrumpió la relación contractual con la Junta y que, desde entonces, no hay concierto. Fuentes muy cercanas a la empresa quisieron aclarar que los usuarios, ni los privados ni los derivados desde la sanidad pública, están padeciendo ningún tipo de anormalidad en el servicio.

La Junta por su parte defiende que sigue manteniendo que el concierto se prorrogó automáticamente por dos meses, mientras se aclaraba el futuro de la relación entre la Junta y Pascual. Fuentes de la empresa indican que esa prórroga es unilateral e "ilegal". Esta idea la sustentan en el hecho de que el concierto firmado en diciembre de 2011, con validez hasta el 31 de enero de 2014, hablaba de dos posibilidades de prórroga: una pactada, por no más de cuatro años, o una "de oficio" (si no hubiera acuerdo) por un año.

La Junta, por su parte, informó ayer que en las últimas horas "se ha presentado una propuesta de convenio a los integrantes de la empresa Pascual, que se han comprometido a valorar y analizar". De esta manera, la Consejería dice mantener un "diálogo abierto y permanente con los responsables de Pascual".