La magistrada de la Audiencia de Sevilla Carmen Barrero ha admitido a trámite la recusación del juez Pedro Izquirdo, presidente de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla y ponente del juicio a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y la ha enviado a reparto para que otra sección distinta a la del ponente recusado resuelva sobre si debe seguir al frente de este proceso o debe ser apartado.

Así lo expone la juez Carmen Barrero en un auto en el que admite la recusación presentada por las acusaciones que ejercen el sindicato Manos Limpias y el Partido Popular, y en el que la magistrada también admite las pruebas propuestas, salvo la que se refiere a la solicitud al Consejo de Gobierno de la Junta de las copias de las actas correspondientes al 29 de abril de 2008, una prueba que fue solicitada por Manos Limpias para "adverar que los hoy acusados penalmente que entonces formaban parte del mismo votaron personalmente a favor del magistrado ponente para su nombramiento como alto cargo público", o como explica en otras palabras para "verificar el apoyo personal prestado por los acusados a quien ahora ha de juzgarles criminalmente".

En este punto, la juez Carmen Barrero señala que la prueba interesada "nunca obtendría el resultado pretendido", por cuanto la ley establece que los acuerdos del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma "deberán constar en un acta, en la que figurarán, exclusivamente, las circunstancias relativas al tiempo y lugar de su celebración, la relación de los asistentes, los acuerdos adoptados y los informes presentados". Pero no constarían por tanto "las opiniones o votos emitidos que igual que las deliberaciones tendrán carácter secreto, estando obligados los integrantes del Consejo de Gobierno a mantener dicho carácter, aún cuando hubieran dejado de pertenecer a él", por lo que la petición de las actas "en ningún caso" podría permitir el conocimiento que la parte pretende, "sino tan sólo la realidad de un acuerdo de nombramiento" del magistrado para el cargo, algo por lo demás público y notorio, y que no ha sido cuestionado ni controvertido.

Pedro Izquierdo, que fue secretario general para la Justicia entre 2008 y 2014, realizó recientemente un informe en el que puso de manifiesto que no ve causa para que sea recusado de este juicio, aunque pidió a la Audiencia que valore la perturbación que ha suscitado su designación.