Juicio de los ERE

Tribunal de Cuentas: 35 condenas por los ERE han recuperado 20 millones

  • El Tribunal de Cuentas es la “conciencia de la democracia”, dice su presidente, José Manuel Suárez Robledano

  • Cree que la falta de consenso para renovarlo es contrario al espíritu de la Constitución

El presidente de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, José Manuel Suárez Robledano. El presidente de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, José Manuel Suárez Robledano.

El presidente de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, José Manuel Suárez Robledano. / josé angel garcía

El Tribunal de Cuentas ha emitido hasta ahora 35 sentencias condenatorias por ayudas de los ERE que han permitido recuperar más de 20 millones de euros. Así lo desveló este lunes en Sevilla José Manuel Suárez Robledano, presidente de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, que expuso el funcionamiento de ese órgano de control a alumnos de Derecho y Ciencias del Trabajo.

Suárez Robledano explica en una entrevista a este periódico que lo más destacado es que todas las sentencias por ayudas de los ERE se emitieron por unanimidad de los tres jueces del tribunal. “La situación estaba clara: todas eran subvenciones que no estaban supervisadas por el interventor, se concedieron prescindiendo del procedimiento, no estaban motivadas, no se comprobó la necesidad de la ayuda ni se controló a posteriori”. 

“Eran cantidades muy elevadas y desproporcionadas, por ejemplo de un millón de euros a una peluquería”, recuerda. 

“Parecía una elección aleatoria”, dice el máximo responsable del enjuiciamiento en el Tribunal de Cuentas, quien recuerda que un  centenar de ayudas están a la espera de  una sentencia que se emitirá en los próximos meses.

La primera resolución del Tribunal de Cuentas sobre los ERE andaluces fue declarada firme en noviembre de 2018. En ella Juan Márquez, ex director general de Trabajo de la Junta, y la empresa Valeo Iluminación fueron condenados a devolver 468.729 euros de una ayuda. 

Suarez Robledano (izquierda), presentado por el decano de Ciencias del Trabajo, Alejandro Díaz Moreno (centro) Suarez Robledano (izquierda), presentado por el decano de Ciencias del Trabajo, Alejandro Díaz Moreno (centro)

Suarez Robledano (izquierda), presentado por el decano de Ciencias del Trabajo, Alejandro Díaz Moreno (centro)

Suárez Robledano lamenta la falta de consenso entre los partidos que está impidiendo la renovación de importantes instituciones como el Consejo General del Poder Judicial, el Banco de España, el Defensor del Pueblo o RTVE. Aparte de reflejar el nivel de crispación de la vida política, ello “deteriora a las instituciones y es contrario al espíritu de consenso que buscaba la Constitución”, afirma.

A preguntas de los universitarios, preocupados por la designación parlamentaria de los integrantes de estas instituciones, Suárez Robledano aseguró que “se habla de un exceso de politización pero no hay más remedio, lo contrario es la dictadura. Lo que hay que hacer es afinar a quien se nombra” y elegir a personas que “apliquen la ley y traten a todos los igual”. 

Definió el Tribunal de Cuentas como “la conciencia de la democracia porque no gastar bien el dinero público es robar al pueblo”. En lo que va de año, este organismo de ámbito estatal ha abierto 500 expedientes a partidos para comprobación de sus gastos electorales.

“¿Se van muchos de rositas?”, le preguntaron. Y respondió que, como en cualquier jurisdicción,  los condenados intentar ocultar sus bienes, llevarlos al extranjero y ponerlos a nombre de testaferros. “Y como en cualquier tribunal, si son descubiertos se les embarga”.

Suárez Robledano cree que el principal problema de control se encuentra hoy en día a nivel de los 8.000 ayuntamientos que existen en España. Opina que habría que eliminar los más pequeños porque “son  antieconómicos”. “Yo he visto irregularidades de todo tipo, desde gastarse el dinero público en  un partido político hasta construirse una casa. Muchas de estas irregularidades no se descubren por las dificultades de fiscalización, pese a la obligación que tienen los interventores locales de notificar todos los reparos que planteen”. 

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