Andalucía

Nos vemos en el Constitucional

  • Los ejecutivos autonómico y central, espoleados por sus partidos, convierten el Alto Tribunal en un campo de batalla en el que se enfrentan en más de una veintena de litigios

Ya no extraña que tras el Consejo de Gobierno andaluz de cada martes su portavoz o el consejero de marras anuncie un recurso de inconstitucionalidad contra una medida cocinada en los fogones de La Moncloa o de algún Ministerio. Muy pocos son los guisos preparados en Madrid del gusto de San Telmo, por no decir ninguno. El último, la Ley de Costas. Intragable para la Junta, con los peores ingredientes: va contra la protección del dominio público terrestre, invade competencias autonómicas, pone el litoral en bandeja de plata a los especuladores… Es el séptimo recurso de la Junta contra una medida del Gobierno en lo que va de legislatura, el séptimo plato servido desde Madrid -impuesto, denuncia el comensal de Sevilla, sin derecho a elegir menú- que rechaza.

Pero no es la Junta la única que sacude. El Gobierno central -que también hace ascos a la carta de leyes andaluza- no se queda corto en el intercambio de golpes. Se faja y arrea. De hecho, es el que lleva la iniciativa, pues es el que más veces ha empujado a la Junta a su rincón, con más de una decena de recursos a medidas autonómicas. Ahí está el último, su iniciativa contra el decreto ley andaluz sobre la función social de la vivienda. Casi un K.O.para la Junta, que se tambalea medio grogui. Entre ambas administraciones superan ya la veintena de sopapos. El cuadrilátero tiene un nombre, es el Madison Square Garden de la Justicia española: el Tribunal Constitucional.

No son peleas de feria las de la Junta y el Gobierno. Sus pleitos quedan lejos de una velada verbenera entre púgiles aficionados que al final del combate comparten bromas, moratones y brindis. Hay mucho en juego. Con cifras astronómicas. Poder político. Y económico: ¿qué hay si no detrás de toda la normativa que regula la proyección de una franja costera, por pequeña que sea, gestionada por un modesto municipio en manos del partido que descubre Eldorado en esa playa y sus alrededores? ¿Y qué hay si no detrás de toda la normativa referente a la vivienda trufada de términos como ocupación/desocupación; embargo; exclusión social; desempleo; desahucio/antidesahucio; propiedad privada/titularidad pública; especulación/expropiación, bancos, hipoteca...? Y todo eso haciendo cada bando la lectura del reglamento que le conviene, que considera oportuna. Demasiado para que las diferencias las dirima un árbitro de tercera. Hay que verse las caras en el Constitucional.

Pero hasta qué punto es conveniente hacer del Alto Tribunal un ring en el que la Junta y el Gobierno dirimen sus diferencias irreconciliables porque son -o prefieren no hacerlo y dejarlo en manos de un juez- incapaces de agotar todas las negociaciones posibles para llegar a un acuerdo.

Es una guerra antigua.

Y, como se ha dicho, supera la veintena de episodios: trece recursos del Ejecutivo central contra San Telmo por ocho de la Junta contra la Moncloa. Y casi no hay departamento ni políticas que hayan quedado exentas del rifirrafe: educación, sanidad, función pública, justicia, comercio, energía, medio ambiente… Y las que se avecinan. Es más que probable que a esta nómina haya que agregar en breve un recurso del Gobierno que (todavía) preside Griñán contra la reforma local que ya tiene más que diseñada el Ejecutivo de Rajoy.

El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, defiende el uso de esta herramienta del recurso por parte de la Junta porque es la "única salida" que le queda frente a la "actitud obstaculizadora" del Gobierno. Valderas utiliza la expresión "constitución andaluza" al referirse al Estatuto de Autonomía, y si el espíritu y la letra de éste "son agredidos" desde Madrid sólo cabe su "defensa obligada" en el Tribunal Constitucional. El vicepresidente denuncia con vehemencia la "reincidencia" del Gobierno de la nación en "obstaculizar e interrumpir, para dejar ancladas, como ha hecho con el decreto ley sobre la función social de la vivienda, medidas e iniciativas necesarias e ineludibles que ha puesto en marcha la Junta". Para Valderas, además de con sus recursos contra normas autonómicas, el Gobierno del PP "entra en colisión frontal" con competencias de la comunidad, "como ha hecho recientemente con la ley de costas", que la Junta -como también ha hecho la Generalitat- ha recurrido.

"Es una pérdida de tiempo". Ese es el diagnóstico que hace el secretario general del PP andaluz, José Luis Sanz, de los recursos de la Junta. Para el número dos de los populares andaluces "es sorprendente la cantidad de tiempo que el bipartito del PSOE e IU pierde en criticar y recurrir medidas, reformas y ajustes que propone el Gobierno de la nación. Da la impresión de que la única actividad política, la única iniciativa política que ha tenido el bipartito durante todo este año ha sido recurrir. Ahora, por poner un ejemplo, la última ha sido la reforma de la Administración Local". Sanz reflexiona: "En este momento es muy difícil explicar que no es necesaria en Andalucía, con una tasa del paro del 37%, con la que está cayendo, una reforma que acabe con el despilfarro en la administración local. Con esta reforma los ayuntamientos serán más eficaces, mas eficientes. ¿Cómo se puede recurrir? Que el PSOE e IU defiendan que todo siga como hasta ahora no tiene sentido".

Son las dos caras de la misma moneda, interpretaciones antagónicas que una y otra parte hacen de las normas que aprueba el adversario: el PP en Madrid y el PSOE (ahora con IU) en Sevilla. La espiral adopta formas laberínticas si entes menores como los ayuntamientos echan mano de esa herramienta que es el recurso. Un ejemplo actual: el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, que la Junta enfrenta a la (recurrida) Ley de Costas del Gobierno para "frenar la degradación del medio ambiente y prevenir la generación de nuevas burbujas urbanísticas", en palabras del consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, ya ha sido cuestionado por gobiernos locales, algunos de ellos socialistas, que ven en el plan autonómico un freno a su desarrollo y que no descartan, por tanto, demandarlo en los tribunales.

El resultado es pues el de la "considerable judicialización" que ha aquejado desde el principio al Estado autonómico. La conclusión es del catedrático de Derecho Constitucional Gerardo Ruiz Rico, quien reconociendo que acudir a la vía jurisdiccional del TC para resolver problemas competenciales entre administraciones es "completamente normal en cualquier Estado descentralizado", alerta de que está siendo empleada por las dos partes "con una frecuencia excesiva que perjudica no sólo a la funcionalidad del sistema, sino también y al final los intereses de los ciudadanos".

Según el análisis de Ruiz Rico, la razón que explica lo que ocurre en la actualidad "no está sólo en una Constitución ambigua jurídicamente, sino en la irresponsabilidad muchas veces de nuestra clase política, que no agotan todos los cauces posibles de entendimiento y negociación que ofrece la legislación y los organismos donde se pueden alcanzar acuerdos". Para el catedrático, se produce además una "politización del Tribunal Constitucional, colocado en un verdadero ojo del huracán de los desencuentros y enfrentamientos de nuestros gobiernos central y autonómicos".

Al respecto de las actuales relaciones Moncloa-San Telmo, no hay que sorprenderse, a juicio de Ruiz Rico, ya que "la situación actual era previsible, con un Gobierno central cerrado en banda contra el Estado de las Autonomías y la Administración local, a quienes culpa de la crisis económica, y unas comunidades autónomas que defienden lo que, creo, resulta totalmente legítimo y obligado además desde el punto de vista de sus estatutos. Y a Andalucía no le cabe otra si quiere mantener vivo su Estatuto de 2007".

A este enfrentamiento puede aplicársele sin temor a caer en la exageración el término secular. Si el ritmo en los juzgados es de una parsimonia que a más de un ciudadano resulta desesperante -por decirlo de una manera suave-, en el TC se cocina a fuego lento. Sin prisas... Y con todas las pausas que sean necesarias. A saber: en junio de este año se ha sabido que el Alto Tribunal ha fallado sobre el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Consejo de Gobierno andaluz contra parte del articulado de la Ley de Ordenación Universitaria (LOU). El recurso data de 2002; es decir, once años y dos meses. Pasado este tiempo, el TC ha declarado que "ha perdido objeto la impugnación" de aquellos artículos. Era consejera de Educación Cándida Martínez. Su departamento argumentó en el recurso que la LOU "lesionaba" la autonomía universitaria e "invadía competencias".

Hoy, ¿a quién le importa?

Un caso similar, por la gestación del fallo y lo que tardó en producirse el parto, llevó al consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, a acuñar la expresión "gran reserva". En enero pasado, con su departamento concentrado en el recurso de la Junta contra las tasas judiciales de Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia, De Llera recibió la noticia de que el Constitucional consideraba contraria a la Carta Magna la ley autonómica de libre colegiación de los funcionarios públicos. ¿Saben cuando aprobó la Junta esa ley? En 2002. Más de once años -otra vez- le costó al TC dilucidar si el Gobierno autonómico lo había hecho bien o no.

Y no, no lo había hecho bien.

El revés llevó a De Llera a ironizar con que a su recurso contras las tasas judiciales puede ocurrirle algo parecido: convertirse en un "gran reserva". Sí, el Constitucional puede terminar convirtiéndose en una bodega repleta de polvorientas añadas.

Para el catedrático de Derecho Constitucional José Luis García Ruiz, el Tribunal Constitucional "históricamente ha ido salvando preceptos autonómicos de muy dudosa constitucionalidad". Además, el Alto Tribunal "ha terminado efectuando un importante cambio en las posiciones que venía sosteniendo anteriormente, y que se decantaban en clave pro autonómica".

Como recuerda García Ruiz, el mapa nacido del Pacto Autonómico de 1981 dio a luz una norma, la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (Loapa), que en su mayor parte fue declarada inconstitucional por el Alto Tribunal. "No era inconstitucional lo que decía, sino quien lo decía; es decir, las Cortes Generales no podían decirlo porque no les corresponde interpretar la Constitución. El Constitucional recordó que era a él quien correspondía en exclusiva la facultad de interpretar la Constitución, y echó así sobre sus espaldas la tarea de construir el Estado autonómico a golpe de sentencias".

Por ello -explica García Ruiz- "no debe extrañar la elevadísima conflictividad jurisdiccional en relación con el Estado Autonómico, ya que éste ha tenido que ir construyéndose funcionalmente en base a las soluciones pergeñadas por el Tribunal Constitucional en los casos concretos derivados de los múltiples recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia que ha tenido que ir resolviendo casi sin solución de continuidad".

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