El grupo BFA-Bankia ha pedido al Estado una ayuda pública de 19.000 millones de euros, que se sumarán a los 4.465 ya inyectados, en lo que supone el rescate más caro de la historia financiera española. La ayuda, según un comunicado de la entidad, forma parte del plan de saneamiento y recapitalización que ha aprobado el consejo de administración de Bankia, y que le permitirá afrontar el futuro con una mayor solvencia. Los 19.000 millones servirán para hacer frente a las provisiones inmobiliarias exigidas por el Gobierno, así como a las necesidades de capital detectadas por la auditoría hecha por Deloitte, la auditora que se negó a firmar las cuentas hasta que se corrigieran estos desequilibrios.

La cifra solicitada por BFA-Bankia sorprende por lo elevado de la cuantía, que excede con mucho a los 15.000 millones de euros que el ministro de Economía, Luis de Guindos, dijo que aportaría para todo el sector en su conjunto. En realidad, el grupo reconoce unas necesidades de provisiones y de capital superiores a los 25.000 millones, aunque el impacto "neto" quedará en unos 19.000 millones. La mayor parte corresponde a la cartera inmobiliaria, con unos 12.745 millones. A esta cifra se unen unos 5.500 millones de euros en saneamientos, a los que deberá hacer frente en el resto de la cartera crediticia si empeora la situación financiera.

Adicionalmente, el grupo BFA-Bankia necesita 6.700 millones de euros para hacer frente a las minusvalías en activos fiscales y en su cartera de participadas, que han quedado valoradas a precios de mercado. De hecho, este era uno de los puntos de fricción con Deloite, pues la auditora se quejaba de la elevada valoración que BFA daba a su filial Bankia, y que en su opinión no se ajustaba a la realidad. La matriz tenía valorada su participación en la filial en unos 12.000 millones de euros, cuando su valor a precios de mercado es de menos de 1.500 millones. Ahora esta situación queda corregida.

El saneamiento del grupo se hará en dos fases, aunque antes se deberá completar la nacionalización de Banco Financiero y Ahorro (BFA), la matriz de Bankia. Para ello, se deben convertir en acciones los 4.465 millones de euros que el Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), tenía en participaciones preferentes de BFA. Esta conversión "se llevará a cabo a la mayor brevedad posible", según la nota difundida por Bankia.

Posteriormente, el Estado suscribirá una ampliación de capital de 19.000 millones de euros en BFA, lo que tendrá lugar a lo largo de junio. La ampliación será suscrita también a través del FROB. Finalmente, BFA procederá a recapitalizar su filial, Bankia, con una inyección de unos 12.000 millones de euros. Lo hará a través de una ampliación de capital en la que los actuales accionistas tendrán un derecho de suscripción preferente para los accionistas existentes. Se espera que la ampliación de capital en Bankia se complete durante octubre.

Según José Ignacio Goirigolzarri, que presidió el consejo, con estas medidas coordinadas con el Gobierno y el Banco de España, "los clientes de Bankia pueden tener la absoluta confianza de que sus ahorros están ahora más seguros y garantizados que nunca". Tras el saneamiento y recapitalización, el ratio de capital principal del Grupo BFA se estima que se situará en el 9,8% (el 9,6% en el caso de Bankia), por encima de lo que exige la normativa española y comunitaria. 

Bankia reformula sus cuentas y admite pérdidas de 2.979 millones en 2011

Bankia cerró el año pasado con unas pérdidas de 2.979 millones de euros, lejos de los 309 millones de beneficio que reconoció en febrero pasado, cuando la entidad no había sido aún nacionalizada ni las cuentas habían sido auditadas. En un comunicado, la entidad informa de la reformulación de sus cuentas, así como de la renuncia masiva de 16 consejeros, procedentes de las cajas de ahorros que dieron lugar a Bankia, y que ha permitido al nuevo equipo gestor renovar y profesionalizar este órgano de gobierno.

Entre los que abandonan el consejo se encuentran el vicepresidente Francisco Pons Alcoy, que representaba a Bancaja, así como sus compañeros valencianos Francisco Juan Ros, la catedrática Araceli Mora Enguidanos y el castellonense Antonio Tirado, actual presidente de Bancaja. También han cesado los representantes de partidos políticos, como José Antonio Moral Santín, de Izquierda Unida, y el ex ministro Virgilio Zapatero, del PSOE, y Carmen Cavero Mestre, cuñada de Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Otros que abandonan la entidad son el presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), Arturo Fernández, que procedía de Caja Madrid, y Juan López Madrid, también nombrado a propuesta del empresariado.

En este nuevo consejo más profesionalizado de Bankia entran José Sevilla, persona de confianza del nuevo presidente, Jose Ignacio Goirigolzarri, y que ocupa el cargo de director general de Presidencia. Se incorporan también como consejeros independientes el vicepresidente de Ferrovial Joaquín Ayuso, la ex presidenta de Merrill Lynch en España, Eva Castillo; el socio de la auditoría PwC, José Wahnon; el presidente del grupo de restauración Zena, Javier Campo; el presidente de la empresa de transporte Alsa, Jorge Cosmen; y los economistas Fernando Fernández y Jose Luis Feito. Todos los nombramientos, que se han producido por cooptación, deberán ser refrendados por la junta de accionistas de Bankia que se celebrará en unas semanas.

El consejo, por otro lado, ha procedido a la reformulación de las cuentas anuales del año 2011, ante las reticencias que había mostrado el auditor, Deloitte. Ahora, una vez contabilizados todos los saneamientos realizados en la cartera de créditos, los activos adjudicados, y el valor de mercado de las participadas integradas en Bankia, el grupo arroja un resultado negativo en 2011 de 2.979 millones. El pasado 10 de febrero, Bankia informó de que sus beneficios en el año 2011 habían ascendido a 309 millones de euros y estimó en 3.931 millones de euros las provisiones que tenía pendientes de realizar para cumplir con las exigencias de la primera reforma financiera aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy. 

Suspendida su cotización

La Comisión Nacional del Mercado de Valores suspendió por la mañana la cotización de Bankia, por concurrir circunstancias que pudieran alterar la negociación del valor. El consejo de administración de Bankia, presidido por José Ignacio Goirigolzarri, debe aprobar el plan de viabilidad del grupo y anunciar la ayuda pública que necesitará para llevarlo a cabo, ayuda que según fuentes financieras superará los 15.000 millones. Al cierre de la sesión precedente, sus títulos cerraron a 1,57 euros, después de perder el 7,43%.

Asimismo, la CNMV ha suspendido la cotización de los valores de renta fija de Banco Financiero y de Ahorros (BFA), matriz de Bankia. Este viernes, la entidad vive una jornada crucial para su futuro, con la aprobación del plan de viabilidad para los próximos años, que contempla la petición de una ayuda estatal superior a los 15.000 millones de euros. La ayuda pública demandada por Bankia servirá para cumplir las nuevas exigencias de saneamiento impuestas por el Gobierno, para cubrir las necesidades de capital detectadas por la auditora Deloitte y para poder afrontar deterioros futuros de la cartera.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció el miércoles la disposición del Gobierno a aportar toda la ayuda necesaria. Sólo en saneamiento de créditos para la promoción inmobiliaria, Bankia necesita 7.100 millones de euros, y unos 1.900 millones para crear un colchón de capital con el que cubrir mejor el riesgo del suelo y las promociones en curso. Pero además, si Bankia quiere lograr que su auditor apruebe las cuentas del pasado ejercicio, deberá tapar un agujero por los créditos fiscales, próximo a 3.000 millones. Por último, para cubrir "al máximo posible" otros riesgos de la cartera como hipotecas a particulares, créditos a pymes o préstamos refinanciados, Bankia sumaría una tercera partida millonaria. Ésta, según las fuentes consultadas, será la que haga que la ayuda pública solicitada supere los 15.000 millones.

La reunión del consejo de administración también podría servir para empezar la remodelación de este órgano, ya que De Guindos advirtió de que para recibir el apoyo público es necesario que Bankia y su matriz, BFA, profesionalicen su gestión. Esto se traducirá en una reducción del tamaño de los dos consejos de administración y la renovación de sus miembros, entre ellos varios políticos, para que haya "profesionales de reconocido prestigio e independientes". Para De Guindos, esta última condición es "imprescindible" para atraer futuros inversores y garantizar la viabilidad del grupo, que pasará a estar controlado totalmente por el Estado en cuanto termine la valoración que se está haciendo del mismo y Bruselas autorice la operación.