Las nuevas sanciones contra el empleo sumergido e irregular en España ya han entrado en vigor. A partir de ahora se da por finalizado el plazo para que los empresarios den de alta de forma voluntaria a sus trabajadores irregulares y evitar así las nuevas multas que entran en vigor a partir del 1 de agosto, y que son más cuantiosas que las actuales. Las sanciones aumentan y van desde los 3.000 euros a los 10.000, cuantía cinco veces superior a las actuales. El pasado 29 de abril el Consejo de Ministros aprobó el decreto ley de medidas para la regularización y control del empleo sumergido, que fijaba un periodo de regularización voluntaria de tres meses, hasta el 31 de julio. 

El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, siempre ha defendido que el plan persigue recuperar el mayor número de cotizantes posibles, y que no conllevaría ningún tipo de amnistía, puesto que los empresarios sólo podrán acceder a bonificaciones y ayudas una vez que den de alta en la Seguridad Social a los empleados sumergidos. 

Las sanciones han aumentado hasta un 300 por cien. El plan establece que una empresa que incumpla la obligación de alta de un trabajador en la Seguridad Social tendrá desde ahora una sanción mínima de 3.126 euros, cinco veces superior a la actual de 626 euros, y máxima de 10.000 euros, frente a los 6.250 euros actuales.

Cuando el trabajador compatibilice el cobro de la prestación por desempleo con trabajos en negro, la empresa verá incrementada la sanción mínima de 6.251 euros a 10.000 euros, mientras que la máxima se mantendrá en los 187.515 euros.

El real decreto-ley también establece que, a partir del 1 de agosto, los empresarios que contraten o subcontraten la realización de obras o servicios deberán comprobar, con carácter previo al inicio de la actividad, que los trabajadores que las vayan a prestar estén dados de alta en la Seguridad Social. La infracción se considerará por cada uno de los trabajadores afectados.  

Los empresarios que cometan sanciones graves perderán automáticamente las ayudas y bonificaciones logradas en los programas de empleo, a los que además podrán perder su acceso durante un período máximo de dos años. Asimismo, estarán obligados a devolver las cantidades obtenidas "indebidamente y las no aplicadas o aplicadas incorrectamente".

Mayor vigilancia y control

Además, la iniciativa comprende una intensificación de la actividad y la eficacia de las actuaciones de vigilancia y control del trabajo no declarado por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el marco de las distintas acciones emprendidas contra el fraude en los últimos años. En esta misma línea, el plan incluye la realización de campañas de sensibilización pública.

La cartera dirigida por Valeriano Gómez facilitará a partir de septiembre los primeros resultados del plan para luchar contra el empleo ilegal. En cualquier caso, el ministro ya avanzó que una forma de conocer los efectos de las medidas sería ver si la afiliación a la Seguridad Social aumentó de mayo a agosto.