El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha fijado una fianza solidaria de responsabilidad civil de 8.189.448 euros para Iñaki Urdangarín y su ex socio Diego Torres por esta causa de presunta corrupción, que deberán depositar en cinco días o se procederá al embargo de sus bienes. En un auto de 542 páginas el juez dice que la entidad de Urdangarín y su ex socio estaba presidida "por un desmedido ánimo de lucro" y que aprovecharon el parentesco del duque de Palma con la Casa Real para "rentabilizar" sus actuaciones.

El magistrado ha acordado fijar dicha caución a los dos principales imputados para cubrir posibles responsabilidades pecuniarias que pudieran declararse en su contra en esta pieza separada del caso Palma Arena, que investiga el desvío de 6,1 millones de euros de los gobiernos balear y valenciano al Instituto Nóos entre los años 2004 y 2007. La cifra se ajusta a la cuantía que habían solicitado tanto la Fiscalía como la acusación popular. Para justificar la imposición de la fianza, el juez señala la existencia de "más que suficientes indicios de criminalidad" en la actuación de Urdangarín y Torres al frente de Nóos, que "podrían reputarse como autores" de los delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos, fraude a la Administración y tráfico de influencias.

El juez señala que el Instituto Nóos "dista abismalmente de poder ser considerada como una entidad carente de lucro", tal como han declarado varios testigos, y sus responsables lo constituyeron como asociación porque, si se presentaban mediante una compañía mercantil privada, les estarían vedadas las opciones de acceder a financiación pública. Según el juez, Urdangarín y Torres se pusieron de acuerdo para crear un entramado empresarial y rentabilizar ante entidades privadas e instituciones públicas la "influencia" que se derivaba del "parentesco" del duque de Palma con la Casa Real. Utilizaron "la pretendida esfera de poder" derivada del matrimonio de Urdangarín con la infanta Cristina, "unas veces de manera implícita y en otras de manera franca", llegando a realizar referencias explícitas en folletos de Nóos a la infanta y su secretario, Carlos García Revenga, quien también está imputado.

En el auto hecho público se hace referencia a irregularidades en los convenios firmados por Nóos y las administraciones balear y valenciana en los que figuran contratos amañados, facturas cruzadas y otras "transgresiones palmarias de la legalidad", como el desvío de parte de los beneficio al paraíso fiscal de Belice. El juez detalla los convenios firmados para el patrocinio, seguimiento y promoción del equipo ciclista Illes Balears, la organización de los foros deportivos Illes Balears Forum y Valencia Summit y el diseño de la candidatura de Valencia para acoger los Juegos Europeos. En ellos aprecia que se prescinde "olímpicamente de tramitar absolutamente ningún concurso público ni negociado", se los viste de "ropaje jurídico" y se justifica su concesión a Nóos "en exclusiva atención" a que al frente de la entidad estaba "el yerno del Rey". Además, en algunos casos hay facturas sobre "hipotéticos trabajos" de los que no se ha hallado ninguna documentación y en otros faltan expedientes para autorizar los pagos.