Veintiséis años son muchos, sobre todo si se trata de condiciones laborales. En 1985, el Gobierno aprobó el Real Decreto que regulaba la situación laboral de las empleadas de hogar, integrándolas en un Régimen Especial que las dejaba fuera del Estatuto de los Trabajadores y del Estatuto del Trabajo Autónomo. Desde entonces, y pese a que el decreto distaba mucho de ser perfecto -no recogía las reivindicaciones del sector en materia salarial, derecho al descanso o seguridad social, por ejemplo-, los derechos de las empleadas domésticas se quedaron estancados. 

Y así han pasado 26 años. Reivindicando sus derechos -los mismos que el resto de los trabajadores, no más- y chocando con un muro infranqueable. Hasta ahora. Después de que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptara hace algunas semanas un convenio que establece los principios básicos para garantizar un trabajo decente para las empleadas domésticas, el Gobierno central incluyó en su reforma de las pensiones un cambio que goza de mucha mayor aceptación que la jubilación a los 67: la inclusión del colectivo de empleadas del hogar en el Régimen General de la Seguridad Social.

El cambio es radical. El texto de la reforma, remitido por la Comisión de Trabajo del Congreso al Senado el pasado lunes, supone un paso de gigante para un colectivo invisible, desprotegido y aquejado de un nivel desproporcionado de empleo sumergido. A partir del 1 de julio de 2012, plazo que se ha dado a los empleados y a los empleadores para que regularicen su situación, aquellos que contraten a una trabajadora del hogar tendrá que cotizar por ella desde la primera hora, mientras que hasta ahora sólo tenían la obligación de hacerlo si trabaja más de 20 horas a la semana. 

"Bendita la hora". Laura Guillén, la portavoz de la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Granada y vicepresidenta de la Plataforma Nacional de Trabajadoras de Hogar, no pudo ser más clara. Tras un cuarto de siglo luchando por los derechos más básicos, sin pedir ninguna excentricidad más que ser iguales que el resto, por fin sus históricas reivindicaciones son escuchadas. Si no todas, sí al menos la mayoría. 

"Ya era hora de que se fueran haciendo una serie de cambios. Mejoras ha habido muchas, puesto que el Gobierno ya habla de que desde la primera hora ya tienen la obligación de asegurar a la trabajadora. Una hora trabajada, como en cualquier tipo de trabajo, debe de ser asegurada. Después si una empleada trabaja en distintos domicilios, cada empleador tiene que dar de alta. Y otra de las cosas más positivas es el contrato por escrito", explica Guillén, que recuerda que "las palabras se las lleva el viento" y que un contrato que establezca las horas de trabajo, las tareas a realizar y el periodo de vacaciones es vital a la hora de solucionar posibles conflictos. 

Otro de los "grandes cambios" que responde a la lucha histórica de las trabajadoras del hogar es el derecho a la baja remunerada desde el cuarto día (a partir del noveno se hace cargo la Seguridad Social). Hasta ahora la paga por incapacidad temporal no llegaba hasta el día 29. "Con estas medidas las trabajadoras del hogar se aproximan a una condición más acorde con el resto de los trabajadores. No podemos comprender cómo habiendo tantísimas trabajadoras del hogar es un sector tan olvidado", indicó la portavoz de las trabajadoras granadinas. 

En principio, las principales beneficiadas de estos cambios legislativos son las 3.835 trabajadoras -hay también algún que otro hombre, aunque su presencia es testimonial- que actualmente cotizan en el Régimen Especial de Empleados del Hogar. El problema es que un elevadísimo porcentaje de las mujeres que desempeñan esta actividad lo hacen en la economía sumergida. Sin seguridad, derechos, sin cotización y sin protección alguna. Y eso difícilmente cambiará pese al histórico avance laboral que está a punto de experimentar el sector. 

Aunque no hay datos definitivos, en el conjunto del territorio nacional los cálculos de las asociaciones de trabajadoras del hogar apuntan que hay alrededor de 700.000 empleadas domésticas, de las que sólo están dadas de alta en la Seguridad Social 200.000. El peso de la economía sumergida, por tanto, es de más de un 70%. Aplicando ese mismo porcentaje, en Granada podría haber más de 12.700 mujeres que viven del empleo doméstico, aunque en las listas oficiales sólo consten 3.835. 

La portavoz de la Asociación de Trabajadores del Hogar de Granada confía en que la nueva normativa -que establece cotizaciones diferentes en función de la jornada laboral de la empleada, que sustituyen la actual cuota única de 157,08 euros al mes- sirva también para hacer aflorar parte del empleo sumergido. Aunque, para ello habrá que dotar de más herramientas a la Inspección de Trabajo, "porque si siempre ha habido picaresca, ahora todavía más".

En cualquier caso, el cambio de régimen no es la panacea. Para empezar, porque pese a cotizar y estar aseguradas desde la primera hora, las empleadas del hogar seguirán sin tener derecho a cobrar el paro. "Estas medidas son muy insuficientes", indica Guillén. Otro de los puntos más negativos es que, aunque la regulación entre en vigor el 1 de enero, se establece un periodo transitorio hasta el 1 de julio para que se regularice la situación de las empleadas del hogar. Y lo peor es que hay otro periodo transitorio hasta 2019 para que las cotizaciones se equiparen a las del resto de empleados del Régimen General. "Estamos esperando desde el año 1985 y hasta 2019 todavía no tendremos los mismos derechos".