El informe elaborado por los administradores concursales del Cádiz vio la luz pública con un resultado que no por esperado deja de ser alarmante. La deuda que el club mantiene con un global de 381 acreedores asciende a un total de 13.498.455,61 euros. Redondeando, que es gerundio, casi 13,5 millones de euros. Los administradores alertan de que la situación de la entidad es "muy delicada". La cifra destapada es 3,7 millones superior a los 9,74 millones que presentó el Cádiz para acogerse a la Ley Concursal.

La lista es tan extensa que la pregunta resultante del informe es inevitable. ¿A quién ha pagado el Cádiz en estos últimos años? La deuda más elevada es con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (Hacienda), a la que el club debe 5,8 millones de euros. La segunda cuantía más alta es con otro órgano público, la Tesorería General de la Seguridad Social (algo más de 716.000 euros) y el tercer acreedor en cantidad es el Ayuntamiento, con 624.000 euros. Otras cifras pendientes de pago que sobresalen son los 437.500 euros que reclama el Nacional de Montevideo, los más de 240.000 que se le deben a la empresa municipal Eléctrica de Cádiz o los 237.300 a Aguas de Cádiz.

En la nómina de acreedores aparecen jugadores, exjugadores, exentrenadores, jóvenes de la cantera, entidades bancarias, pequeños proveedores, empresas de intermediarios, algunos clubes -como el Lucena, el Valencia, el Pontevedra o el Espanyol- e incluso los máximos accionistas del Cádiz. Antonio Muñoz Vera, Federico González y Francisco Puig figuran entre los demandantes, con una deuda de 300.000 euros a cada uno de ellos.

Son sólo algunos ejemplos de la montaña de impagos que ha ido acumulando el Cádiz en las últimas temporadas hasta llegar a la situación de insolvencia que derivó en el procedimiento concursal para hacer frente a la deuda millonaria. Ahora se abre un periodo público de alegaciones para las partes afectadas durante un plazo de quince días. Hasta entonces el informe tendrá un carácter provisional.

Una vez concluido el periodo alegaciones y se apruebe el informe definitivo, el siguiente paso será la elaboración de un plan de viabilidad con el objetivo de afrontar el abono en los próximos cinco años. Los pagos se establecen en tres categorías. Los denominados privilegiados acapararán la mayor parte de la deuda y los acreedores incluidos en este apartado tendrán prioridad a la hora de cobrar. Después están los pagos ordinarios, que podrán ser objeto de negociación para una posible reducción. Y los pagos subordinados, que serán el trozo más pequeño del montante global.

Los administradores -Pascual Valiente, Pedro Pablo Cañadas y José Luis Molina- advierten que la situación patrimonial del Cádiz es "muy delicada" por "el desequilibrio patrimonial puesto de manifiesto y por su evolución imprevisible teniendo en cuenta las incertidumbres y contingencias que giran o pesan sobre elementos esenciales".