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El juicio contra Gil Silgado y Luis Oliver, el miércoles

  • Anticorrupción solicita dos años y nueve meses de prisión y multa de 2,5 millones de euros para cada uno en una pieza separada del 'Caso Malaya'

José María Gil Silgado y Luis Oliver, en su etapa en el Xerez CD. José María Gil Silgado y Luis Oliver, en su etapa en el Xerez CD.

José María Gil Silgado y Luis Oliver, en su etapa en el Xerez CD.

El expresidente del Xerez CD, José María Gil Silgado, y el que fuera propietario del club, Luis Oliver Albesa, serán juzgados el miércoles en la Audiencia de Málaga por un delito de blanqueo de capitales en una pieza separada del caso Malaya en relación con la compra del club jerezano.

Los procesados se enfrentan a una petición fiscal de dos años y nueve meses de prisión y una multa de 2.563.628 euros cada uno e inhabilitación para ejercicio de la profesión por dos años, según el escrito provisional del fiscal, al que ha tenido acceso la agencia Efe.

La vista oral está prevista que se celebre en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Málaga después de que haya sido suspendida en varias ocasiones, según han confirmado a Efe fuentes judiciales.

Anticorrupción explica en su relato que el exasesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca acometió inversiones en distintos ámbitos económicos -hotelero, ganadero, agrícola e inmobiliario- utilizando fondos que había obtenido de la actividad delictiva realizada mientras estuvo vinculado al consistorio y sus sociedades municipales.

Roca, ampliando su "ámbito de negocios", se propuso invertir en el sector deportivo y fijó su interés en la sociedad anónima Xerez Club Deportivo, lo que llevó a cabo en distintas operaciones.

Durante la instrucción Roca reconoció la compra en 2002 del 50% de las acciones del Xerez CD, aunque negó que los fondos con los que adquirió las participaciones del equipo de fútbol jerezano tuvieran un origen ilícito.

Roca siempre dijo que adquirió ese 50% como inversión económica ante su posible subida a Primera División, aunque finalmente la operación no fue rentable porque el equipo no sólo no ascendió sino que estuvo a punto de perder la categoría.

Anticorrupción destaca que José María Gil Silgado se dedicaba a la especulación inmobiliaria y desarrollaba gran parte de su actividad en Marbella, por lo que conocía a Roca.

El ministerio público señala que Gil Silgado siempre actuaba a través de "alguna de sus muchas mercantiles", todas carentes de estructura humana como de medios materiales, administradas a través de la madre o de testaferros y utilizadas solo para la especulación sin actividad mercantil productiva alguna.

Por otro lado, el que fuera propietario de la entidad xerecista Luis Oliver Albesa conocía, según el fiscal, al exalcalde de Marbella Jesús Gil, al que había comunicado en reiteradas veces su intención de vender el club, "oportunidad que éste hizo saber a Roca, mano derecha de Gil en el Ayuntamiento de Marbella".

Anticorrupción explica además en el proceso que Juan Antonio Roca "puso en marcha su maquinaria societaria a través del gestor de todas sociedades".

Roca utilizó las sociedades mercantiles Oven Five SL y Jovibel 2000 para hacerse con la mitad de las acciones del Xerez Club Deportivo, SAD y de los cuantiosos derechos de explotación asociados al equipo, en aquella época en Segunda División A.

Para ello, "contó con la colaboración de José María Gil Silgado y Luis Oliver Albesa", según el fiscal, que mantiene que ambos sabían que Oven Five pertenecía a Roca y que éste era el verdadero socio en el negocio, "siendo conscientes de sus problemas con la justicia" y colaborando en la ocultación de fondos adquiridos ilegalmente.

Gil Silgado fue detenido en la República Dominicana en virtud de una orden internacional en noviembre de 2014 por haber cometido un presunto delito de fraude contra la administración pública.

El empresario onubense afincado en Sevilla tenía pendiente el cumplimiento de una condena de dos años de prisión como autor de una apropiación por importe de 528.865,65 euros, aunque el Gobierno, en aquel momento, amplió la solicitud de extradición para que también pudiera ser juzgado en España por un supuesto delito de estafa.

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