La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advierte de que en los próximos 30 años el envejecimiento poblacional elevará el gasto en pensiones entre 2 y 4 puntos de PIB, por lo que pidió profundizar en la reforma de 2011 con el retraso en la edad efectiva de jubilación y una ampliación del período de la carrera de cotización.

El escenario central de la AIReF pronostica un aumento de 2,8 puntos de PIB del gasto en pensiones para los próximos 30 años, derivados del alza de 9,5 puntos procedente del envejecimiento poblacional, contrarrestado en parte por la reducción de 2,9 puntos derivados de la reforma de 2011, otros 2 puntos menos por el mercado de trabajo, 1,3 puntos por los factores institucionales y seis décimas menos de gasto por el factor de sostenibilidad.

Estas estimaciones se han realizado en función de un pronóstico de un flujo de entradas netas para el promedio de 2018-2050 de 270.000 inmigrantes y una natalidad de hasta dos hijos por mujer en 2050, con un incremento de la esperanza de vida de hasta 87 años.

Ante este aumento del gasto, AIReF aboga por profundizar en la edad efectiva de jubilación en España, ya que se sitúa en 62,4 años, por debajo de la media de los países OCDE (64,3 años), siendo una de las mayores distancias respecto a la edad legal, llegando a alcanzar los 2,5 años. Esto pasa por modificar los requisitos de acceso a la pensión anticipada y ordinaria para fomentar el aumento de la edad efectiva de jubilación.

En cuanto al periodo de referencia para el cálculo de la pensión, fijado actualmente en 20 años (convergerá en 2022 a los últimos 25 años por la reforma de 2011), recuerda que está también por debajo del utilizado por los principales países del entorno, donde se utiliza la carrera laboral completa.

El impacto sobre el gasto en 2048 podría llegar a alcanzar los 2 puntos de PIB, cifra cercana al ahorro proporcionado por la implementación del índice de revalorización de las pensiones, minimizando a su vez el impacto en la tasa de cobertura. Por ello, recomienda aumentar la carrera de cómputo de la pensión más allá de los 25 años.

Visibilizar el desequilibrio

Además, la Autoridad Fiscal propone cerrar el déficit de la Seguridad Social, que cifra en el 1,4% del PIB, traspasando los gastos no contributivos del sistema al Estado, y con el aumento del tipo de cotización por contingencias comunes (pago de pensiones) a costa de las asignadas al Sepe (pago por desempleo). Estas medidas elevarían en conjunto el déficit estatal al 2,2% del PIB.

Así se desprende de un informe elaborado por la AIReF sobre la sostenibilidad de la Seguridad Social, en el que ve "factible" corregir el déficit estructural actual del sistema de la Seguridad Social, que se sitúa entre el 1,3% y el 1,5% del PIB, mediante ajustes de ingresos y gastos entre subsectores, al ser "deseable" que dicho desequilibrio sea asumido por el Estado.

La Autoridad Fiscal sostiene que visualizar el desequilibrio de la Seguridad Social de 17.400 millones como un problema del conjunto de las administraciones públicas permitiría reducir la incertidumbre existente respecto a la sostenibilidad del sistema, que genera "distorsiones en la toma de decisiones de pensionistas y agentes económicos", afectando a decisiones de ahorro y consumo y llevando a una "desafección generalizada" con el funcionamiento del sistema.

En detalle, considera que la cotización por desempleo podría reducirse entre tres y cuatro puntos en favor de la Seguridad Social, asumiendo el Estado la pérdida para el Sepe, lo que comporta un gasto de unos 10.400 millones.

También sugiere la asunción por parte del Estado de determinados gastos que ahora soportan las cotizaciones, como son, entre otros, los gastos de funcionamiento de la Seguridad Social (4.000 millones), de medidas de fomento del empleo consistentes en la reducción de cotizaciones (2.000 millones), de las prestaciones por maternidad y paternidad y las subvenciones implícitas a regímenes especiales (1.000 millones).

De esta forma, si se descuenta el superávit de 1.400 millones del SEPE, la propuesta de la AIReF supone transferir un gasto de 9.000 millones del Sepe al Estado y otros 7.000 millones de gastos no contributivos de la Seguridad Social.