La solicitud de concurso voluntario, hecha el pasado lunes por el actual consejo de administración a menos de diez días que se votase su destitución en una junta general extraordinaria, no ha sido obstáculo para que Abengoa abonara ayer, cuatro días antes del fin de mes, las nóminas de febrero, un abono que fue confirmado por la propia compañía a este diario.

Aunque meses atrás hubo retrasos en las nóminas, los abonos de salarios a la plantilla han sido puntuales desde diciembre, entre acusaciones desde el accionariado de que se utilizaba a los trabajadores para presionar en la consecución del rescate finalmente fallido.

La  última reestructuración financiera planteada desde la dirección en 2018 y ejecutada en 2019, se justificó en la necesidad de lograr liquidez, una demanda que también justificaba el tercer rescate que fracasó esta semana y llevó a Juan Pablo López-Bravo y Margarida de la Riva Smith, a pedir al concurso voluntario.

Fuentes jurídicas expresaron a este diario la extrañeza que en los juzgados mercantiles de Sevilla ha generado que se pidiese ya el concurso, cuando la compañía gozaba de una protección acordada por el Gobierno central para impedir que se instasen concursos necesarios –los que piden los acreedores– hasta el 14 de marzo, en virtud de las medidas extraordinarias que ha adoptado con motivo de la pandemia de Covid-19.

Desde que anunció el concurso, el actual consejo ha mantenido una reunión con distintos directivos del grupo, en la que el presidente López-Bravo y el secretario del consejo de administración, además del director de Recursos Humanos, Álvaro Polo, atacaron con dureza a los accionistas que han convocado la junta general que votará su cese la próxima semana. Paralelamente, el entorno del consejo está filtrando a distintos medios que el juez encargado del concurso, el magistrado titular del Mercantil 3 de Sevilla, Miguel Ángel Navarro Robles, “lo primero que tendrá que decidir es si desconvoca la junta general”. Las citadas fuentes jurídicas rechazan ese planteamiento y aseguran que el juez no está obligado paralizar la vida societaria, que no se ve afectada por la solicitud de concurso, incluso citan jurisprudencia del Tribunal Supremo para avalarlo.

Una parte relevante de los votos del accionariado ha sido ya emitido y todo apunta a que la sindicatura que forzó la junta tiene asegurada la victoria en la asamblea, con lo que se elegiría a  Clemente Fernández González, accionista y ex presidente de Amper, José Alfonso Murat Moreno y José Joaquín Martínez Sieso.

Ante ese dato, las fuentes consultadas creen que tratar de paralizar la junta sería un ardid, del que quieren hacer cómplice al juez, para evitar la destitución del consejo. La junta general de la semana próxima no tomará ninguna decisión que afecte al patrimonio o a los acreedores, con lo que las citadas fuentes consideran “una barbaridad jurídica” que se paralice la junta general legalmente convocada a instancias de los accionistas y no por iniciativa del consejo.