Tal como anunciaron en la víspera el ministro de Economía y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el "lenguaje de la flexibilidad" no tuvo cabida en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de ayer, que fijó el déficit público de las comunidades autónomas para 2012 en el 1,5% gracias al voto de todas las autonomías gobernadas por el Partido Popular. Andalucía votó en contra.

Cataluña y Canarias, muy reticentes también inicialmente con este objetivo impuesto por el Ejecutivo, nadaron y aguardaron la ropa hasta refugiarse en una cómoda abstención, a la espera de unos Presupuestos que mejoren sus expectativas en el mercadeo de los apoyos parlamentarios.

Andalucía se quedó sola, pero la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, dejó sobre la mesa una alternativa que no parece nada descabellada. Planteó que, una vez descontado el gasto en cobertura de desempleo del Estado, las comunidades autónomas asumieran el 60% del déficit y la Administración General del Estado el 40%. Esta fórmula hubiera dado algo más de oxígeno a gobiernos territoriales que con la propuesta aprobada finalmente se verán abocadas a un copago en los servicios básicos, principalmente en sanidad, o a coger una deriva privatizadora, como desde hace año practican Madrid y la Comunidad Valenciana, principalmente.

De ahí que muchas autonomías del PP, con el representante de la gobernante madrileña Esperanza Aguirre a la cabeza, insistieran en la necesidad de que el Gobierno introduzca cambios normativos para poder implementarlas cuanto antes. Pero esta opción contiene algo de mucho más calado que un simple ajuste del aparato administrativo y empresarial de las comunidades autónomas -muy razonable, por otro lado- en aras del ahorro y la eficacia.

Una vez señaladas como las principales responsables de la desviación del déficit hasta en dos puntos y medio del PIB y estigmatizadas por el nuevo centralismo que anida en el Gobierno, unas comunidades autónomas adelgazadas hasta llevarlas a una eventual pérdida de competencias necesitarían de mucho más que el actual rodillo parlamentario de los populares, algo más que el instrumento del decreto-ley.

Si Rajoy recuerda sus cansinas y razonables peticiones cuando ocupó la bancada de la oposición, se dará cuenta que este nuevo modelo debe sustentarse en un amplio pacto de Estado. Si no, se encontrará recorriendo el camino contrario, pero igual de arriesgado, que su antecesor socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, emprendió con las reformas estatutarias a diestro y siniestro, sin orden ni concierto.

Por su parte, Montoro lamentó el voto en contra de Andalucía porque, según sus palabras, supone su oposición a la austeridad en el gasto público, "necesaria" para salir "cuanto antes" de la crisis. Con todo, el ministro resaltó que la votación manda un buen mensaje a ciudadanos, agentes económicos, socios europeos e inversores internacionales. "Todas lo han entendido menos una", dijo Montoro, en alusión a Andalucía, y aseguró que será el Gobierno que preside José Antonio Griñán el que tenga que explicar a los ciudadanos por qué no se compromete con la reducción del déficit . Para Montoro, es evidente que la actitud de la Junta es algo que, probablemente estará relacionado con las elecciones andaluzas.

Además, el ministro aseguró que el Gobierno ha demandado a Andalucía "más transparencia" y le ha pedido que envíe la lista completa de las deudas pendientes con los proveedores para conocer la situación financiera exacta de la comunidad autónoma. El titular de la cartera de Hacienda tampoco valoró positivamente la abstención de Canarias y Cataluña.