Economía

Bruselas prolonga la suspensión de las reglas fiscales pero pide a España que sea prudente

Paolo Gentiloni, comisario de Economía de la Comisión Europea, este lunes

Paolo Gentiloni, comisario de Economía de la Comisión Europea, este lunes / Stephanie Lecocq / Efe

La Comisión Europea (CE) propuso este lunes mantener congeladas durante 2023 las reglas europeas de control del déficit y la deuda públicas, un año más de lo previsto debido al impacto de la guerra en Ucrania sobre la economía de la Unión Europea.

"La exacerbada incertidumbre y los fuertes riesgos a la baja para la perspectiva económica en el contexto de la guerra en Ucrania, los aumentos sin precedentes de los precios energéticos y las continuadas perturbaciones en las cadenas de suministros justifican la extensión de la cláusula general de escape en 2023", dijo en un comunicado el Ejecutivo comunitario.

Esta cláusula debería desactivarse y las normas volver a estar en vigor en 2024, según la propuesta planteada por la Comisión Europea en el llamado paquete de primavera del Semestre Europeo y que debe ser aprobada por los Estados miembros.

Las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que exigen que el déficit público no rebase el 3% del PIB y la deuda el 60%, se congelaron por primera vez en la historia en 2020 por la pandemia y la intención antes de la invasión era reactivarlas en 2023, visto el repunte de la economía el año pasado.

Pide prudencia a España

En lo que respecta a España, la Comisión Europea pide al Gobierno que, pese a la suspensión de las reglas un año más, garantice una política fiscal "prudente" durante 2023, limitando el gasto a nivel nacional por debajo del crecimiento potencial a medio plazo y ofreciendo apoyo temporal a los hogares y las empresas vulnerables al alza de los precios de la energía y a las personas que huyen de la guerra de Ucrania.

Bruselas solicitado a España, en sus recomendaciones de primavera, que ajuste el gasto a la evolución de la situación de incertidumbre generada por la guerra de Ucrania y, en paralelo, que amplíe la inversión pública en las transiciones verde y digital para garantizar la seguridad energética, recurriendo para ello a los fondos europeos.

Además, Bruselas ha advertido a España de los altos niveles de deuda, tanto pública como privada y externa, en un contexto en el que la tasa de desempleo también se mantiene elevada, 

La Comisión Europea ha apuntado que los niveles de deuda se mantienen más elevados que antes de la pandemia y que exceden los niveles "prudenciales", también los ratios de deuda sobre el PIB se sitúan en niveles "muy superiores" a los de antes de la pandemia.

Más allá de la prudencia fiscal, las autoridades europeas instan a España a seguir avanzando en el despliegue de su plan de recuperación (cuyo segundo desembolso, de 12.000 millones, ha solicitado ya a la UE) y, sobre todo, a enviar la documentación necesaria para empezar a recibir los fondos estructurales para el periodo 2021-2027.

Bruselas ha recomendado a España, además, reducir la dependencia de combustibles fósiles y acelerar el despliegue de renovables y, especialmente, las instalaciones de autoconsumo, para lo cual le ha pedido que simplifiquen los procesos de autorización y mejore el acceso a la red.

En un paso más, la Comisión Europea le ha instado a aumentar también su capacidad de interconexión energética así como la inversión en almacenamiento, en infraestructura de red, en hidrógeno y en la electrificación del transporte y los edificios.

Además, Bruselas ha recomendado incrementar la penetración de viviendas con alta eficiencia energética que sean asequibles, incluyendo en esta medida la renovación del parque.

Bruselas también traslada a las autoridades españolas la necesidad de que aumenten las tasas de reciclaje para cumplir con los objetivos de la UE en este ámbito y promocionar la economía circular mediante una mejora de la coordinación "entre todos los niveles de gobierno".

En este punto también recomienda acometer inversiones adicionales para cumplir con las obligaciones de separación de residuos y de reciclaje, así como para impulsar la reutilización de aguas, un asunto por el que Bruselas ya ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TUE).

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