El plan de España para costear los rescates de entidades intervenidas por el Estado ha encallado en Bruselas, lo que ha paralizado las subastas pendientes, según informaron a Europa Press fuentes conocedoras del proceso. La Comisión Europea ve las propuestas planteadas por el Gobierno español para engordar el fondo que sufraga entidades quebradas como una ayuda de Estado encubierta con impacto sobre el déficit, hipótesis que el Ejecutivo quiere evitar a toda costa.

El Gobierno español aborda desde hace meses con el Ejecutivo comunitario diversas fórmulas para dotar de recursos al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) con un préstamo a precios de mercado. En este sentido, ha propuesto que el FGD realice una emisión de deuda que sea suscrita inmediatamente por el FROB a cambio de un cupón, pero la Comisión Europea considera que se trata de una ayuda de estado encubierta con efecto sobre las cuentas públicas.

El Ministerio, que insistió ayer en que aún no ha entablado contactos formales con la Comisión, también ha propuesto la opción contraria: que el FROB emita deuda para su suscripción por parte del fondo de garantía, opción que también ha encontrado el rechazo europeo. El uso de los recursos del FROB no computa como déficit público en caso de que el organismo los recupere con los intereses correspondientes, pero sí en caso contrario, lo que podría amenazar el cumplimiento de los objetivos de consolidación fiscal marcados por la UE. Las colocaciones de deuda del FROB engordan la deuda del Estado y no el déficit. Lo que sí se descarta por completo es la creación de un banco malo que aglutine los activos inmobiliarios deteriorados.

El FGD se nutre de las aportaciones privadas que las entidades realizan, correspondientes al dos por mil de los depósitos, aunque la ley contempla la posibilidad de elevarlas hasta el tres por mil y de que se lleven a cabo contribuciones extraordinarias, así como que se establezca un adelanto de las cuotas anuales al FGD. Las recientes ayudas concedidas por el FROB a Unicaja para su fusión con Caja España-Duero por 475 millones de euros -ampliables a 1.500 millones- han provocado que en el sector financiero prendiera la idea de que la absorción de entidades débiles puede conllevar respaldo público y refuerza su rechazo a ampliar las aportaciones al FGD.

El Gobierno había sugerido a las entidades financieras la necesidad de que afrontaran una derrama o el incremento de sus aportaciones efectivas al fondo para culminar la reestructuración del sistema financiero, lo que soliviantó a las entidades de mayor tamaño, especialmente a Santander y Caixabank.

El objetivo fundacional del FGD es garantizar los ahorros de los depositantes, pero el anterior Gobierno socialista amplió su función para minimizar el coste para el contribuyente de la reestructuración financiera. El FGD cuenta ahora con menos de 2.000 millones de euros, y en el sector financiero se da por descontado que se agotarán con la adjudicación del Banco de Valencia. También están pendientes los procesos de Catalunya Caixa y Novacaixagalicia en caso de que no encuentren inversores privados para cubrir las necesidades de capital que provocaron la entrada del FROB en su accionariado.