La nueva Confederación de Empresarios Andaluces (CEA) que su presidente, Javier González de Lara, prometió cuando llegó al cargo va tomando forma. Ayer se presentaron en Sevilla los estatutos, el código ético y las instrucciones internas de contratación, instrumentos para construir una organización más transparente y participativa, y frenar el deterioro de la imagen de los últimos años.

Además, González de Lara anunció que prácticamente está finalizada -se espera la firma para los próximos días- la negociación con tres bancos con los que hipotecará la sede central de la organización en Sevilla. Ello supondrá una inyección económica de ocho millones de euros, que se usarán para abonar pagos atrasados de "más de quince proveedores comerciales", señaló el presidente de la CEA, que admitió que la deuda de la confederación asciende a unos 12 millones de euros. "El importe que recibiremos deriva de la última tasación del edificio, 16 millones, aunque en su época llegó a tener un valor de 30 millones", señaló González de Lara. En su momento, el anterior presidente, Santiago Herrero, intentó la misma operación, pero "entonces eran seis o siete entidades y ahora son tres, con parámetros más realistas y criterios más concretos de negociación con los acreedores".

Respecto a los textos aprobados ayer, que deberán ser ratificados en febrero o marzo por la asamblea general, hay algunas novedades, algunas de ellas pendientes de desarrollo. Así, los nuevos estatutos establecen un límite de edad de 70 años para el presidente, pero no de mandatos. También flexibiliza el procedimiento electoral e incorpora criterios de igualdad de género. En este sentido, el presidente de la CEA se mostró partidario de que miembros de las organizaciones sectoriales de mujeres se incorporen al otras organizaciones sin dejar de pertenecer a la suya. La CEA también crea el comité consultivo de empresas asociadas, con representantes que vendrán directamente de las compañías. Cinco de sus miembros pertenecerán, también, al comité ejecutivo de la CEA, con voz pero sin voto.

El código ético, que se adhiere al pacto mundial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en materia de responsabilidad social de las empresas, define las funciones de los cargos directivos, fija principios como el derecho de los miembros a la participación y a la información -incluso con acceso a libros y registros- y regula el conflicto de intereses, con la prohibición explícita de primar el beneficio propio, de familiares e incluso de allegados sobre los de la CEA. El propio código se remite a una futura comisión del buen gobierno que elaborará un catálogo de situaciones que implican la vulneración del código y propondrá sanciones. González de Lara no aclaró si la condición de imputado -situación que salpicó al anterior presidente, Santiago Herrero- implicará la expulsión de la entidad. "Lo vamos a estudiar", se limitó a decir.

La CEA también incorpora de forma voluntaria los principios de la contratación pública, con el objetivo de borrar cualquier sospecha de arbitrariedad. Con los cursos de formación bajo sospecha, la organización colgará en la web las ofertas cuando el importe supere los 80.000 euros y los contratos se adjudicarán con carácter general tras una negociación con publicidad o diálogo competitivo. "Intentaremos que no haya confusión de intereses -señaló González de Lara-; queremos ser tremendamente rigurosos, pero tampoco quiero ser muy tajante, si hay afiliados con empresas que pueden concurrir que lo hagan, pero con publicidad y transparencia".

A pesar de estos cambios en la contratación, González de Lara defendió que en los cursos de formación "se han hecho las cosas bien" y que el 90% de ellos ha sido "tremendamente eficaz", como se demuestra en el hecho de que "antes de 2008 nadie cuestionaba estas políticas". El presidente de la CEA criticó que el Gobierno lleve tres años sin aportar financiación a los planes formativos, y ello a pesar de las aportaciones sociales de las empresas a la nómina de cada trabajador. "Hay sentencias del Constitucional que dicen que ese dinero es finalista. Podríamos negociar que nos devolvieran las aportaciones (que ascienden a 1.800 millones de euros a l año), pero no creo que ese sea el interés del Ministerio de Empleo".