Caixabank decidió ayer volver a la carga para hacerse con el control total del Banco Portugués de Inversión (BPI) en respuesta a la ruptura del acuerdo firmado con la angoleña Isabel dos Santos, dirigido a reducir su exposición a Angola y evitar así una sanción de Bruselas. La entidad catalana anunció el lanzamiento de una Oferta Pública de Adquisición de acciones (opa) por el BPI por segunda vez en los últimos catorce meses, después de que el primer intento no fructificase debido al rechazo de Dos Santos.

La propuesta de la entidad catalana ahora es de 1,113 euros por acción, lejos de los 1,329 euros que ofreció en febrero de 2015, lo que supone que valora al BPI en torno a los 1.600 millones de euros, 300 menos que hace un año. La firma catalana pretende hacerse con el 100 % de las acciones (ya controla el 44,1 %), por lo que desembolsaría un máximo de 906 millones de euros.

La oferta de la entidad que preside Isidro Fainé está condicionada a la supresión de la limitación del 20% en los derechos de voto del BPI, a alcanzar más del 50 % del capital y a obtener las autorizaciones de los organismos reguladores pertinentes.

Precisamente ese blindaje en los derechos de voto está detrás del conflicto existente entre el CaixaBank y la inversora angoleña, y que ha derivado incluso en una situación de bloqueo en el seno de la entidad. Aunque el peso del grupo español en la estructura accionista del BPI es más del doble que el de Dos Santos (44,1 % frente a 18,6 %), la existencia de este límite en los derechos de voto iguala el poder de ambos.

El Gobierno luso reveló ayer que ya aprobó una modificación legislativa que permitirá a los accionistas de entidades financieras en Portugal evaluar y modificar periódicamente estos límites.