El Consejo de Ministros aprobó una modificación de la ley general de Estabilidad Presupuestaria para fijar un tope máximo al incremento anual del gasto del Estado y de las principales entidades locales. Ese tope se deriva de la evolución del PIB nacional en los cinco años anteriores y de las previsiones de evolución en los tres siguientes, explicó el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El Gobierno propondrá una iniciativa análoga a las Comunidades Autónomas en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Esta norma, que va incluida en el real decreto ley de "medidas para fomentar la protección social de los ciudadanos y la sostenibilidad de las finanzas públicas" viene a limitar la capacidad de gasto del Estado y las administraciones locales más importantes, subrayó Rubalcaba. El vicepresidente primero explicó que este máximo de gasto se fija teniendo en cuenta básicamente los últimos 5 años el crecimiento de la economía (el PIB), el año en curso, y las previsiones de los tres años siguientes.

Una vez hecha la media de nueve años, se tiene en cuenta una inflación del 1,75%, algo por debajo de lo que Europa pide a los países, "y con ello construyes el gasto máximo que puedes tener en un ayuntamiento". Rubalcaba subrayó la importancia del "fondo político de la medida" porque, indicó, se fija un techo de gasto que está en relación con el PIB y se advierte a las administraciones públicas y al Estado de que no pueden crecer más "de lo que se prevé que crece la economía".

En este sentido, afirmó que hay dos opciones, "que la economía crezca más de lo que se prevé, tenemos superávit y ahorramos", o que crezca menos y que haya déficit, pero se compensará con el superávit de otros años. "Esto es lo que se llama un control de la estabilidad presupuestaria a lo largo del tiempo, no se trata de fijarlo año a año, sino en un plazo" subrayó.

Rubalcaba dijo que es algo "bastante sensato" que no se pueda subir el gasto por encima de un crecimiento previsible y que se trata de una medida de austeridad. Aseguró que aunque las comunidades autónomas tienen autonomía financiera, esta regla debería aplicarse también a ellas, por lo que dijo, el Gobierno ha mandatado a la vicepresidenta económica, Elena Salgado, para que lo lleve al Consejo de Política Fiscal y Económica. Por ello, el Gobierno intentará un acuerdo político con todas las comunidades autónomas para que esta regla de gasto se cumpla en todas ellas.