El Ministerio de Empleo ha retirado en el primer semestre de este año la prestación por desempleo a 60.004 beneficiarios por haber rechazado ofertas de trabajo o haber incumplido los requisitos fijados para su acceso o mantenimiento, lo que le ha permitido reducir el gasto en paro en 915,1 millones de euros.

De enero a junio, el número de prestaciones retiradas ha sido un 14,8% mayor al del mismo periodo de 2012 y ha supuesto un ingreso para el Estado de 119 millones más. Ésta es sólo una de las consecuencias del Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, aprobado por el Gobierno en abril de 2012, y que ayer desgranó la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en una carta abierta dirigida a los medios.

En todo el periodo de vigencia del Plan, el ahorro ha ascendido a 3.160,7 millones. Además, se han llevado a cabo 334.214 inspecciones en materia de empleo irregular, con las que se han podido aflorar 130.512 empleos. En cuanto a la lucha contra las empresas ficticias, se han llevado a cabo 35.761 inspecciones y, como consecuencia, se han anulado 64.379 altas ficticias, a partir de 3.523 infracciones.

Si nos ceñimos sólo a los primeros seis meses de 2013, las infracciones de empresarios por dar ocupación a perceptores de prestaciones por desempleo o por facilitar indebidamente el acceso a las mismas, detectadas por Empleo, han aumentado un 30,5%. Además, se han realizado 14.842 inspecciones, un 46,8% más, y se han detectado 1.964 infracciones (+146,3%).

En la carta abierta, la ministra de Empleo muestra su intención de actuar "con la mayor contundencia" contra el empleo irregular y el fraude en la Seguridad Social y enfatiza que "todos debemos involucrarnos en el objetivo común de erradicarlo". Para ello, recuerda que la página web del Ministerio dispone de un buzón para que los ciudadanos puedan denunciar este tipo de conductas "fraudulentas e insolidarias" para que sean objeto de análisis y, en su caso, de investigación por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Asimismo, en dicho buzón podrán presentar denuncias los trabajadores que sean objeto de fraude, teniendo el servicio de inspección un deber absoluto de reserva de la identidad del denunciante.

"Las administraciones públicas tenemos la responsabilidad de atajar un problema que nos concierne a todos, pero si la ciudadanía no toma conciencia de la importancia de colaborar [...], acabar con esta lacra será una tarea mucho más ardua", sentencia la ministra.