Las agencias de rating cumplen un papel fundamental en el desenvolvimiento financiero, tanto de las empresas privadas como del sector público. Otorgan una calificación o rating, que mide la calidad crediticia de la deuda que emiten empresas y Estados, esto es, la capacidad que tienen para devolver esa deuda. Dentro de los Estados, califican también a regiones y ciudades.

En el caso de España, las tres mayores agencias -Moody's, S&P y Fitch- califican a las principales comunidades autónomas. Los criterios que han utilizado históricamente, para otorgar una calificación de mejor o peor calidad a los emisores de deuda, han sido, hasta hace escasos años, casi secretos. Los errores que han cometido al otorgar buenas calificaciones a países que poco tiempo después presentaron impago de sus deudas -default, en la jerga- las han obligado a incrementar la transparencia en cuanto a los criterios de calificación. Esa transparencia aumentó, igualmente, como consecuencia del elevado rating que otorgaron a muchos grandes bancos y compañías de seguros, que posteriormente fueron a la quiebra durante los primeros años de la crisis en EEUU.

La renta por habitante, la tasa de crecimiento tendencial del PIB, el grado de diversificación de la economía -medido por el peso del sector industrial-, la deuda pública con relación al PIB y el grado de autonomía financiera -medido por la relación de ingresos derivados de tributos propios en relación con los ingresos totales-, han sido las variables fundamentales utilizadas para calificar la deuda de las comunidades autónomas en España.

Pocos años después del establecimiento del Estado de las Autonomías, se permitió que las comunidades pudieran emitir deuda que fueran pagadas con recursos propios y las agencias de rating comenzaron a calificarlas.

Como consecuencia de la irresponsable huida hacia adelante de la Generalitat de Cataluña, la situación crediticia de esa Comunidad ha ido deteriorándose hasta alcanzar niveles insostenibles. Si en 2007 la deuda en relación con el PIB era del 7,8%, en el tercer trimestre de 2016 alcanzó el 35,6%. Es cierto que hay dos Comunidades en peor situación. Castilla-La Mancha tiene una deuda del 35,9%, consecuencia de la desastrosa gestión del gobierno anterior -cuyo principal responsable continúa en la política- y la Comunidad valenciana con el 41,6%, reflejando este caso una mezcla de irresponsabilidad con una financiación muy deficitaria en relación con otras comunidades.

El resultado es que esas deudas no son pagables sin la ayuda del Estado. Cataluña está calificada con un nivel Ba3 por Moody's, que en una nota hecha ayer pública, comentaba que sin la ayuda actual del Estado caería hasta un nivel Caa1, nivel de bono basura. Además, añadía, que un default por parte de la Generalitat afectaría muy negativamente a España.El problema es que la actuación y las declaraciones de los principales políticos catalanes, conducen a pensar que tienen la intención de no pagarla nunca, sometiendo al Estado a un inaceptable chantaje. Y esa actitud no va a cambiar ni con el actual sistema de financiación de las comunidades autónomas, ni con el nuevo que va a empezar a negociarse en fechas próximas.