La Fiscalía de Córdoba ha propuesto que el mismo juzgado de instrucción se haga cargo de la querella presentada por CajaSur contra Rafael Gómez y el ex directivo Francisco Jurado y de la denuncia de Anticorrupción por estos mismos hechos. Fuentes del Ministerio Público informaron ayer de que el Juzgado de Instrucción número 6 ha asumido la querella presentada por la caja cordobesa, mientras que la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción ha recaído en Instrucción 7. La propuesta del Ministerio Fiscal es que todo el procedimiento se unifique en un solo juzgado.

Fuentes judiciales detallaron ayer que, por el momento, no se ha solicitado ningún informe sobre estos hechos ni se han señalado declaraciones. Todo apunta, además, a que Instrucción 6 se eximirá del procedimiento y lo remitirá a la Audiencia para que entre en un nuevo reparto.

El fiscal jefe Anticorrupción se puso en contacto el viernes con los representantes del Ministerio Público en Córdoba para remitirles su denuncia, que fue presentada ese mismo día en el juzgado de guardia. La novedad respecto a la querella presentada por la caja de ahorros es que las demandas de la Fiscalía no sólo mencionan un delito de administración desleal, sino que también alude a presuntos delitos de falsedad documental, estafa y delito fiscal. Las denuncias de Anticorrupción, además, van dirigidas a cuatro personas más: un arquitecto y tres individuos que podrían estar involucradas en el asunto del ex director general, si bien son ajenas a la caja. Pese a que las querellas contra Gómez y Jurado se han presentado al mismo tiempo, se trata en principio de dos supuestos hechos delictivos distintos.

Por su parte, el presidente de CajaSur, Santiago Gómez Sierra, afirmó ayer que la caja de ahorros ha hecho "lo que debía" con su querella. Gómez Sierra respondió de esta manera durante una comparecencia pública al ser preguntado por el hecho de que la Fiscalía Anticorrupción se haya sumado a la causa y haya ampliado las acusaciones a otras cuatro personas más. El presidente de la caja cordobesa, además, aludió a las palabras del consejero de Economía, José Antonio Griñán, quien afirmó que "cuando tienen la palabra los tribunales, sobran el resto de las palabras".