La creación de un registro profesional de estibadores continúa siendo el principal obstáculo entre el Gobierno y el colectivo de trabajadores, representados mayoritariamente por el sindicato Coordinadora, para alcanzar un acuerdo de reforma del sector conforme a lo exigido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El acuerdo, además de ser una exigencia de Bruselas, evitaría tres jornadas de huelga en los puertos españoles a partir del lunes 20 y la posibilidad de que España sea sancionada con una multa millonaria por no liberalizar la actividad, pese a que existe un pronunciamiento judicial que así lo exige desde diciembre de 2014.

El Gobierno tiene previsto aprobar la reforma a través de un real decreto-ley el próximo viernes 17 -alegando verse apremiada por la Unión Europea precisamente por las posibles sanciones- y buscar luego los apoyos parlamentarios necesarios para su convalidación en el Congreso de los Diputados. Aunque falta menos de una semana, ayer se inició una ronda de negociación entre Fomento y los sindicatos en la que que también se ha integrado la patronal Anesco. La primera cita, no obstante, concluyó con una mera ratificación de que las posturas del Ejecutivo y el sindicato Coordinadora siguen siendo opuestas.

El Ministerio rechaza la petición de que haya un miembro de la CE en la negociación

La central sindical insistió en que la liberalización de la profesión se articule con un registro de estibadores como salvaguarda de los puestos de trabajo (6.156 en toda España, el 30% de ellos en Algeciras) mientras que el Ministerio de Fomento remachó que se trata de una "línea roja" que la Comisión Europea no está dispuesta a aceptar.

No todo está perdido. Las partes permanecen receptivas a debatir en la semana que falta antes de que el texto pase por el Consejo de Ministros y volverán a sentarse el próximo martes 14. Para esa fecha se han comprometido a traer nuevos planteamientos. "El texto del real decreto-ley de la reforma del sector que ha presentado Fomento no garantiza el empleo y, por ello, no es aceptable", valoró Antolín Goya, el coordinador general de la Coordinadora de Trabajadores del Mar. "No es aceptable que un real decreto-ley plantee lo que consideramos un despido colectivo encubierto y además costeado por la Administración", añadió tras la reunión celebrada en Madrid. "Queremos garantías para todos los trabajadores", remarcó.

Goya insistió en que, para los trabajadores, la garantía de sus empleos tras la reforma pasa por que se articule el referido registro de estibadores. Algo que, según su criterio, no contraviene lo que fija la primera sentencia de la UE, cuando hace dos años instó a España a cambiar el sector.

El secretario de Estado de Infraestructuras de Fomento, Julio Gómez-Pomar, quien encabezó la representación del Ministerio en la mesa negociadora, recalcó que este listado constituye una de las "líneas rojas" de la negociación. El representante de Fomento recordó que la Comisión Europea ya mostró su rechazo a esta alternativa. "El Gobierno está dispuesto a analizar propuestas del sector, pero las líneas rojas son muy claras y una de ellas es el rechazo que la Comisión Europea ha manifestado tanto al registro de estibadores como a que se restrinja la libertad de las empresas estibadoras para contratar estibadores", aseveró el número dos de Fomento.

Dado que la discrepancia principal depende de la Comisión Europea, Coordinadora pidió que se sume a la negociación algún representante de la Comisión Europea. Gómez-Pomar replicó que la CE no entra en procesos de negociación, salvo con los Gobiernos, por lo que no cree que acepte sentarse con las partes implicadas.

Para el Ministerio, la garantía laboral de los estibadores se articula en el borrador del decreto mediante el certificado de profesionalidad con que contarán los trabajadores para acreditar su formación y experiencia. Además, apuntaron, el posterior proceso de negociación colectiva con las empresas del ramo permitirá afianzar este hecho.