Economía

El Gobierno anuncia medidas para compensar al campo por los aranceles

  • La amenaza estadounidense y el 'Brexit' crean una tormenta perfecta para la economía

  • El Ejecutivo convoca al embajador de EEUU

Isabel Celaá, tras el Consejo de Ministros.

Isabel Celaá, tras el Consejo de Ministros. / EFE

La partida en el tablero comercial internacional afronta un escenario de tormenta perfecta para la economía española, en el que la apuesta es negociar desde la firmeza ante los aranceles de EEUU y la cercanía del Brexit.

Ambos términos los utilizaba ayer el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, cuando en su intervención tras el Consejo de Ministros analizó la situación ante la guerra comercial y el posible apoyo a los sectores afectados.

En este sentido, el Gobierno anunció ayer que estudiará qué medidas se pueden adoptar para compensar a los afectados por la subida de aranceles planteada por EEUU en el caso de que fracasen las negociaciones entre la CE y la Administración de Donald Trump.

Planas explicó tras participar en el Consejo de Ministros que la decisión del país norteamericano se produce como consecuencia de una sanción por las ayudas públicas concedidas al consorcio Airbus por parte de Alemania, Francia, España y Reino Unido, y recordó que Europa espera una resolución arbitral positiva para sus intereses por unas subvenciones similares de EEUU a Boeing. "Posiblemente tengamos esta resolución en no más de 8 o 10 meses. De acuerdo con la tradición de la CE y EEUU, lo normal sería entrar en un proceso negociador para compensar unas sanciones con otras", indicó el ministro español.

Los sectores más afectados por esta lista provisional publicada por la Administración Trump son el aceite de oliva, la aceituna, el vino, el ganado porcino, el queso y los productos de cítricos.

Planas aseguró que la Comisión Europea tiene "en el cajón" la opción de aplicar represalias comerciales hasta ahora no activadas por enfrentamientos anteriores con EEUU en los que la OMC dictaminó a su favor.

Además, el Ejecutivo convocó ayer al embajador estadounidense en para transmitirle su "rechazo frontal" a los aranceles contra productos españoles y, en un comunicado, avisó de que "se activarán todas las medidas legales a su alcance, dentro de marco multilateral y en coordinación con la Comisión Europea y nuestros socios europeos".

La subida de las tasas fue anunciada tras la decisión de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de autorizar a EEUU a imponer sanciones comerciales a la UE por un valor de unos 6.800 millones de euros.

Según Planas, hay unos 1.000 millones de euros del negocio alimentario en juego por los aranceles y más de mil camiones españoles que cruzan a diario el eje Calais-Dover y que son una de sus mayores preocupaciones como ministro ante el Brexit.

La portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, apeló a la esperanza en la misma rueda de prensa al afirmar que "España y Europa sabrán responder a las medidas proteccionistas", para resolver el desacuerdo por encima de las "represalias".

Es el asunto de la retorsión (es decir, que Bruselas respondiera con la misma estrategia que EEUU) es una de las posibilidades de reacción que por el momento se mantiene en segundo plano, conscientes de que tras conocerse la sentencia de la OMC aún queda pendiente por salir una resolución sobre las ayudas a Boeing y de que las consecuencias económicas de la guerra comercial serían perjudiciales por todos.

Planas anunció para la semana que viene reuniones con los consejeros del ramo sobre el Brexit y los aranceles; y con representantes de los agricultores, las cooperativas y la industria, para analizar la situación, con la posibilidad de plantear ayudas a los sectores afectados si la Administración Trump cumple con su amenaza.

Las últimas dos semanas de octubre se vislumbran complejas y definitorias, a la espera de si el 14 de octubre en Ginebra el organismo de regulación modifica la lista arancelaria, y del resultado del Consejo Europeo los días 17 y 18, que abordará la salida de la UE, prevista para el 31 de octubre.

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