El Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto para fomentar el uso de los biocarburantes con el objetivo de cumplir el compromiso europeo de alcanzar un 20% de uso de energías renovables en 2020 "de manera eficiente y con el mínimo coste para el consumidor".

Según explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en 2014 el porcentaje de renovables en España fue del 17,4%, por lo que "sólo con poner en marcha este Real Decreto, sin hacer nada más", se llegaría al 19% en 2020, y "faltaría sólo una pequeña medida para lograr ese punto más". "Tenemos una senda amplia para poder cumplir de sobra los objetivos", avanzó.

En el real decreto se establece una senda de obligación de biocombustibles en el transporte, que va ascendiendo gradualmente desde el 4,3% para 2016 hasta alcanzar el 8,5% en 2020. Concretamente, se establecen los siguientes peldaños: el 4,3% del total en 2016, el 5% en 2017, el 6% en 2018, el 7% en 2019 y el 8,5% en 2020. El objetivo global del real decreto, según detalló el Ministerio de Industria en un comunicado, es avanzar hacia el reto de lograr que el 10% de la energía utilizada en el transporte sea de origen renovable.

Para el cómputo del objetivo de 2020, se limita el uso de biocarburantes de primera generación (los que compiten con los usos para alimentación humana) al 7% debiendo establecer el Gobierno, antes de 2017, un objetivo indicativo de biocarburantes avanzados.

De esta manera se pone fin al parón en la incorporación de biocarburantes aprobada en 2013, cuando se redujeron indefinidamente los objetivos hasta el 4,1% para el gasóleo y el 3,9% para la gasolina para controlar los precios ante la recesión económica.

El real decreto no incorpora la petición de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de fijar objetivos diferenciados para la gasolina y el gasóleo para evitar que los agentes centren todos sus esfuerzos en el diésel.

El real decreto incluye asimismo medidas para fomentar la eficiencia energética. Entre éstas, cabe destacar las que tienen como objetivo incrementar y facilitar la información a los consumidores de sus consumos de gas y electricidad: se regula el acceso a sus datos, se establece la opción de facturación on line y la obligación de aportar información a los consumidores sobre el potencial de los contadores de telegestión. Por otra parte, la normativa incluye la necesidad de evaluar el potencial de eficiencia energética de las infraestructuras de gas y electricidad.