Economía

El Gobierno aprueba limitar los abusos en las subastas de inmuebles

El Gobierno ha aprobado una serie de medidas de protección para las víctimas de ejecuciones hipotecarias, entre ellas subir a casi mil euros la parte del sueldo blindado ante embargos y aumentar al 60% del valor de tasación el precio mínimo de un inmueble subastado.

El Consejo de Ministros ha incluido estas iniciativas en el decreto de "medidas para fomentar la protección social de los ciudadanos y la sostenibilidad de las finanzas públicas", con el que dio este viernes rango de ley a las resoluciones aprobadas durante el reciente debate del estado de la nación. En el mismo se ha dotado la nueva línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que pagará directamente las facturas pendientes de las entidades locales a pymes y autónomos, con 3.400 millones de euros. También han aprobado modificar la ley general de Estabilidad Presupuestaria para limitar la capacidad de gasto del Estado y las administraciones locales más importantes, con un llamamiento a las comunidades autónomas a que también se unan a esta regla.

En cuanto a la limitación de los abusos en las subastas, se eleva del 50 al 60% el precio de tasación el valor mínimo por el que pueden adjudicarse los inmuebles a una entidad financiera u otro interesado. Los embargados, tras la subasta de su piso, deben pagar la cantidad restante hasta completar el crédito que les concedió la entidad bancaria, por lo que les interesa que el precio que alcance en subasta sea lo más alto posible.

Por ello también se quiere facilitar el acceso de más potenciales compradores, para lo que se reduce el depósito previo necesario para participar en una subasta, y queda por escrito el compromiso de establecer pujas por internet. "Nadie podrá quedarse con la casa de nadie por menos del 60% de su valor", ha explicado en rueda de prensa el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Asimismo, se ha incrementado la cuantía de los ingresos inembargables cuando, una vez ejecutada la hipoteca y vendido el bien, queda todavía un saldo vivo de deuda. Si hasta ahora la cuantía se limitaba al salario mínimo interprofesional (SMI), más un 10% en el caso de estos deudores, ahora esa cuantía se elevará hasta el 150% del SMI, es decir, de poco más de 700 euros hasta 960 euros. Además, si existen otros familiares (miembros de la familia nuclear) sin ingresos, o con ingresos inferiores al SMI, esa cuantía se eleva en un 30% adicional por cada uno de esos familiares. Así, quien tenga a cargo dos miembros de su familia nuclear sin ingresos propios verá elevado el límite de inembargabilidad hasta 1.350 euros.

La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) ha calificado de "miserables y engañosas" las medidas aprobadas, ya que ninguna de ellas, dicen, resuelve los problemas de las familias que pasan por procesos de ejecución. El aumento del salario que es inembargable por el impago de una deuda hipotecaria, una vez que ya se ha perdido la vivienda tiene un "significado vacuo" para la Asociación, porque las familias siguen debiendo las mismas cantidades a su entidad financiera. Su petición es que el Gobierno paralice los embargos de viviendas de forma inmediata y durante un plazo de tres años.

Según las cifras recogidas por esta asociación, se han producido 300.000 embargos en los últimos tres años y medio de crisis, y en otros tantos ya se han iniciado los procedimientos. Los hogares que no han pagado la letra en algún momento alcanzan el medio millón, aunque sin llegar a dejar de pagar tres meses seguidos, que es cuando se califica a alguien como moroso. En los últimos meses, organizaciones como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca han conseguido paralizar casi medio centenar de desahucios con concentraciones en los lugares donde se iban a producir, y con apoyo también de integrantes del movimiento 15-M.

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