El Gobierno anunció a los sindicatos el compromiso de que los empleados públicos no pierdan poder adquisitivo en los próximos tres años, al tiempo que les pidió "contención" en la subida salarial debido a la actual situación de crisis económica.

Así se lo hizo saber la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, a los secretarios generales de las federaciones de Servicios Públicos y para la Ciudadanía de UGT y de CCOO, Julio Lacuerda y Enrique Fossoul, y al presidente del sindicato independiente CSI-CSIF, Domingo Fernández.

Al término de la primera reunión formal para reanudar el diálogo social de la función pública, la secretaria de Estado para la Función Pública, Carmen Gomis, confirmó que "hay bases para el acuerdo" porque "existen objetivos comunes", a pesar de que destacó que todavía hay "diferencias y discrepancias", que prefirió no señalar.

De esta forma, dijo que Fernández de la Vega ha planteado a los sindicatos un acuerdo sobre tres puntos concretos: "Un plan salarial que asegure que en ningún caso habrá pérdida de poder adquisitivo, el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público y la adecuación de una oferta de empleo público a las nuevas necesidades de la sociedad".

No obstante, tras señalar que la reunión se desarrolló en un ambiente "cordial y constructivo" apuntó que "hay discrepancias", aunque puntualizó que "no hemos hecho más que empezar y existe voluntad por parte de todos, y voluntad decidida del Gobierno, para llegar a un acuerdo para esta legislatura".

El dirigente de UGT, Julio Lacuerda, explicó que la vicepresidenta les reclamó "contención salarial" y dejó claro que en esta reunión "no se ha discutido" la propuesta de los sindicatos en torno a la subida del 1% del salario de los funcionarios para 2010 e incrementos según el Índice de Precios al Consumo (IPC) en los dos años siguientes.

"No se ha discutido la propuesta ni ha habido contraoferta", dijo, tras señalar la secretaria de Estado de la Función Pública que los documentos de UGT, CCOO y el de CSI-CSIF serán "estudiados" con detenimiento.

Lacuerda señaló que continuarán las reuniones para "no demorar un acuerdo" y terminar antes del 25 de septiembre, fecha límite para que el Consejo de Ministros apruebe el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010, donde deben incluirse las evoluciones salariales de los funcionarios. "En materia salarial el gobierno no nos ha dicho por donde pueden ir los tiros pero ha afirmado, que no tiene la menor intención de que los empleados públicos pierdan poder adquisitivo en tres periodos presupuestarios", aseveró.

El dirigente sindical también reconoció que el Gobierno plantea una contención de la oferta pública de empleo y dijo que ésta "no puede ser al uso y no debe suponer un deterioro, ni afectar a los servicios esenciales". Valoró la "voluntad negociadora" del Gobierno, que dijo que es la misma que tuvieron en 2004, con el entonces ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, cuando se alcanzó el primer acuerdo con el diálogo social.

Además, Lacuerda estimó que en un marco de dificultad económica, donde los salarios sólo pueden ser un elemento de contraste o crítica recíproca, la voluntad mostrada de volver a la senda del diálogo es muy positivo, aunque dijo que el "caballo de batalla" para la UGT será "dar certeza" a un mecanismo que garantice el poder adquisitivo de este colectivo.

El secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Enrique Fossoul, dijo que "algunos estamos escarmentados de que esas cláusulas no se cumplan", y puso como ejemplo el año 2005 cuando el cambio de Gobierno del PSOE al PP "trajo una congelación salarial". Fossoul dijo que la apertura de este diálogo debe "servir de ejemplo" para los que no han sido capaces de mantener el diálogo social en el ámbito privado, en referencia a la ruptura del proceso del diálogo social con la patronal CEOE. El dirigente de CCOO denunció que los empresarios hayan querido "sacar tajada" de la crisis, cuando es una situación "suficientemente complicada como para no sacar ventaja".

Por su parte, el presidente del CSI-CSIF, Domingo Fernández, aseguró que su sindicato está "razonablemente contento por el compromiso del Gobierno de mantener el poder adquisitivo de los empleados públicos" y valoró la coincidencia entre los tres sindicatos.