El Gobierno no pretende crear "una banca pública permanente ni sustituir al mercado", sino poner en marcha un instrumento "potente" para superar la crisis. Eso fue lo que transmitió ayer el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante el debate de convalidación de los dos reales decretos que contienen las medidas extraordinarias destinadas al sector financiero. En el Congreso, el jefe del Ejecutivo defendió que, en momentos en los que han quedado en evidencia los "riesgos de colapso del sistema financiero", la intervención pública es "necesaria e insustuituible" para asegurar "la estabilidad y financiación requerida por empresas y familias" e impulsar el crecimiento económico.

Durante su intervención, Zapatero anunció que el Gobierno aprobará un crédito extraordinario de 10.000 millones de euros, ampliables hasta los 30.000 millones, para permitir, en lo que queda de año, comenzar la compra de activos a las entidades financieras. La medida, anunciada hace semanas, busca inyectar liquidez a la banca en un momento en el que atraviesa serias dificultades. Los activos, siempre de "máxima calidad", se adquirirán a partir de noviembre y serán cédulas hipotecarias o bonos de titulización respaldados por préstamos de familias y empresas no financieras. Zapatero también adelantó que el Banco Central Europeo (BCE) le ha remitido un "informe favorable" de su plan.

La habilitación de los créditos necesarios para completar la dotación máxima del fondo para comprar activos (50.000 millones hasta el 31 de diciembre de 2009, siempre con el informe positivo del Banco de España) se incluirá en la tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales.

En cuanto al otro decreto-ley, el que recoge la posibilidad de que el Estado avale las operaciones de financiación que realicen las entidades en España (evitando así los recelos entre ellas por culpa de los activos tóxicos, sobre todo derivados de la crisis hipotecaria en EEUU), Zapatero insistió en que persigue ayudar a "reducir la incertidumbre que rodea a las entidades". El líder socialista recordó que desde este año se podrán avalar hasta 100.000 millones, aunque no concretó el importe máximo.

Los dos decretos (el que permite comprar activos y el que avala las operaciones bancarias) recibieron el visto bueno del Congreso. Ambos contaron con el voto favorable de una amplia mayoría de la Cámara Baja, la otorgada por PSOE, PP, CiU, PNV, ERC, Coalición Canaria y UPyD. Los diputados del BNG y de IU-ICV votaron en contra del decreto que permite al Estado la adquisición de activos y se abstuvieron en el de la concesión de avales a la banca, mientras que Nafarroa-Bai respaldó este último y se abstuvo en el primero.

"Es la hora de la colaboración", proclamó el presidente del Gobierno en su intervención después de destacar la acción coordinada de la UE para hacer frente a la crisis financiera y recordar que su plan va destinado "a 45 millones de ciudadanos". Y es que, a su juicio, "esta crisis es en buena medida de confianza, y una respuesta conjunta europea como la que se ha producido resultaba imprescindible". No en vano, llegó a subrayar hasta en nueve ocasiones que su plan va en beneficio "de empresas y familias".

Desde la oposición, Mariano Rajoy, cuyo partido acabó votando a favor de las medidas, reclamó un plan de apoyo a las pymes y no se privó de recordar la "paradoja" de que se deba ayudar al sistema financiero español, el mismo que Zapatero proclamó en Nueva York que era "el mejor del mundo".