El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha subrayado que no habrá ninguna flexibilidad en el objetivo de déficit del 1,5% para las comunidades autónomas en 2012 y ha añadido que el Estado ya ha dado muchos pasos y que ahora les toca a ellas. En un encuentro financiero organizado por Bankia, Beteta ha resaltado que las comunidades incluso ya aprobaron anteriormente un objetivo de déficit del 1,3% y ha incidido en que se hizo cuando no estaban en funcionamiento mecanismos "como el pago de proveedores, la devolución de las transferencias en 10 años, en vez de en 5, y el reforzamiento de la estructura impositiva del IRPF".

Beteta ha dicho, "sin querer ser alarmista", que la situación económica en España se encuentra en una encrucijada y ha señalado que se necesita un nuevo impulso para salir antes y mejor de la crisis. A su juicio, la combinación de la consolidación fiscal y las reformas, así como el levantamiento de la restricción de acceso a la liquidez conducirá a la senda de recuperación económica. Beteta ha destacado la importancia de la medida del Gobierno para impulsar el pago a proveedores por parte de las autonomías, con un crédito de 35.000 millones de euros, con unas condiciones de pago a diez años, una carencia de dos años y un interés del 5 por ciento. A este respecto, ha asegurado que los grandes beneficiados de este plan serán las empresas proveedoras y también los autónomos, "que contarán de manera ágil con liquidez para seguir su actividad empresarial". Además, ha afirmado que también se beneficiarán las entidades locales y las comunidades autónomas porque tendrán acceso a una financiación más ventajosa para hacer frente a sus pagos.

Beteta ha recordado que las autonomías y los ayuntamientos deberán presentar un plan de ajuste antes del 31 de marzo y que en 30 días Hacienda analizará los 8.300 planes para ver si se atienen a los parámetros establecidos y con el objetivo de que se empiece a pagar en mayo. Ha resaltado que las administraciones públicas se enfrentan a uno de sus mayores retos con una caída generalizada de los ingresos y el sostenimiento del estado de bienestar. En este sentido, ha admitido que las administraciones públicas están sobredimensionadas por un periodo de bonanza con una concepción de la administración basada en ofertas de puestos que no se justificaban con la necesidad de los servicios. Sobre este asunto, ha incidido en que en la última década, mientras el Estado ha reducido el 22% su personal, las comunidades lo han aumentado un 44% y las corporaciones locales un 39%.

Beteta ha indicado que se necesita generar confianza y una España unida en su diversidad y con una unidad de mercado que es "necesaria e imprescindible".