La ONIF, la Oficina Antifraude dependiente del Ministerio de Hacienda, acusa al ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato de haber defraudado a través de una maraña societaria unos 6,8 millones de euros entre 2004 y 2015.

Según el informe final de 642 páginas remitido por la ONIF al juzgado de instrucción número 31 de Madrid, Rato obtuvo rentas no declaradas superiores a los 14 millones de euros entre 2004 a 2015, período en el que habría defraudado hasta 6,8 millones.

A lo largo de los años variaron las cantidades defraudadas, que alcanzaron en 2011, 2013 y 2014 las cifras más altas, en torno a 1,2 millones de euros cada ejercicio.

No obstante, si se excluyen los ejercicios anteriores a 2009 y fiscalmente prescritos, el supuesto fraude sería de unos 5,4 millones de euros, con cantidades superiores a los 120.000 euros que se consideran delito fiscal en todos los años.

Rato ha asegurado que demostrará que "en todo momento" ha actuado conforme a las leyes tributarias y, por ello, ahora contestará "puntualmente" a las acusaciones de Hacienda.

El ex ministro de Economía y Hacienda, cuya fortuna está siendo investigada desde hace dos años, habría cometido el fraude mediante "ganancias de patrimonio no justificadas derivadas del tráfico de dinero con el extranjero y no declarado fiscalmente; ganancias de patrimonio sin previa transmisión de rentas, rendimientos de actividades económicas como conferenciante y gastos de la actividad empresarial que no son deducibles".

El informe de la ONIF, clave para seguir avanzando en la investigación judicial, habla de movimientos de dinero a través de las sociedades panameñas Red Rose Limited y Westcastle, la británica Vivaway y la española Kradonara, que habrían sido utilizadas para ocultar rentas y cuyo beneficiario habría sido el propio Rato.

Las sociedades habrían servido "para ocultar la obtención de rentas y la tenencia de un patrimonio financiero" mediante transferencias bancarias internacionales en Luxemburgo, Mónaco, Suiza, Reino Unido y Gibraltar.

La ONIF asegura en el documento que "nunca se ha acreditado que dichas rentas hubieran tributado, ni siquiera las de ejercicios prescritos", una operativa en la que habría contado con la colaboración de dos despachos de abogados, Plazas, de España, y Findsbury Trust, de Gibraltar.

Entre los asuntos que aborda la ONIF destacan los pagos recibidos de CaixaBank y Telefónica, que el exvicepresidente no habría declarado únicamente en los años 2008 y 2009.

Tras abandonar en teoría sus labores como asesor para CaixaBank, una vez que se incorporó a Caja Madrid, Rato facturó entre 2012 y 2015 más de medio millón de euros a través de la sociedad COR, de su propiedad, cantidad que en opinión de Hacienda está muy por encima del precio de mercado.

Durante 2013, 2014 y 2015 utilizó el mismo sistema, aunque a través de otra sociedad, Kradonara, para facturar a Telefónica 730.000 euros, aunque las facturas las emitió otra de sus sociedades, Arada, que también evitó tributar al declarar pérdidas.

A ojos de Hacienda, Arada servía a Rato tanto para recibir pagos de paraísos fiscales como para cobrar por impartir conferencias, siempre con la intención de eludir el pago de impuestos.

En concreto, entre 2010 y 2014 Arada recibió 120.000 dólares por asesoramientos al banco turco Akbank, importe que tampoco habría declarado a Hacienda, a los que hay que sumar 1,4 millones por conferencias impartidas por Rato desde 2007 y hasta 2014, facturadas también a través de Arada.

El exbanquero tampoco habría tributado por los servicios prestados a la patronal del seguro, Unespa, entre 2008 y 2010, 375.920 euros que también facturó a través de Arada, empresa que en tres lustros no habría pagado "ni un euro" en el impuesto de sociedades.

A través de la misma empresa también se habría eludido el pago de unos 600.000 euros (583.960) en impuestos obtenidos con diversas actividades.

La ONIF especifica los motivos por los que atribuye a Rato un delito de blanqueo de capitales, de las que identifica tres operaciones concretas, entre ellas la inversión en un hotel en Berlín inicialmente estimada en 8,4 millones, que posteriormente recalculó en 3,5.

También, una inversión de 700.000 euros en un chalet en Cabueñes (Asturias), y otra de 1,19 millones de euros en un hotel en la localidad toledana de Layos.

El inicio de las pesquisas sobre el origen de la fortuna del ex vicepresidente del Gobierno comenzó en abril de 2015, cuando la ONIF alertó a la Fiscalía de Madrid de irregularidades en el patrimonio de Rato e inició un proceso que empezó con el registro de su domicilio y su despacho particular, la incautación de documentación y su detención televisada.