¿Cuál es el tesoro más preciado de un político? ¿Y de un Gobierno? ¿Y de un presidente? Todas las respuestas conducen a Roma: la imagen, que no es sino el atajo más corto hacia el voto. Pues bien, ayer, a primera hora de la mañana y ante un auditorio aún somnoliento, Santiago Herrero, presidente de la CEA, sugirió al Ejecutivo que renuncie al petróleo electoral a cambio de salvar al país. Ni más ni menos. Las reformas audaces -laboral, financiera- y la velocidad de las decisiones que finalmente se adopten valen mucho más, dijo, que el narcisismo y el miedo. "Es preferible el desgaste del Gobierno que el de la economía", sentenció el líder de la patronal andaluza.

En una conferencia a la que asistió el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, Herrero alertó de que los mercados "están avisando a España de la gravedad" de su situación económica y este mensaje debe ser "recogido convenientemente". Las recetas de la patronal son las reformas estructurales y un plan de austeridad en las administraciones tendente a recortar el gasto público -el ordinario, no las inversiones-, sin caer en la tentación de subir los impuestos.

Andalucía, recordó, es la comunidad con más "personas que viven de una nómina pública" en España y resaltó que en los últimos dos años el sector privado perdió 341.000 trabajadores en España y el público aumentó en 52.800. Asimismo, reclamó una reforma laboral "profunda" y vaticinó que será "insuficiente si no se hace para mañana". El tiempo que se tarde en cerrar este asunto "son días perdidos para la economía". El presidente aclaró que los empresarios no quieren "dinamitar los principios fundamentales del derecho laboral", pero sí tener capacidad organizativa para poder adaptarse a la situación.

Las empresas necesitan procesos "más ágiles, seguros y menos costosos, según Herrero, que exigió una reducción de los costes laborales por la vía de la bajada de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social. Herrero planteó que las bonificaciones a la contratación (2.800 millones) se supriman y se destinen a rebajar las cotizaciones empresariales, y también demandó que no se cargue a los empresarios el pago de la incapacidad laboral transitoria. Abogó además por hacer más atractiva la contratación fija (representa menos de un 10% del total), pero sin penalizar la temporal, y por que el despido objetivo y no el disciplinario e improcedente sea el habitual.