Primero subieron el tabaco y los hidrocarburos. Ya este año, la deducción de 400 euros en el IRPF pasó a mejor vida y se recargó la tributación de las rentas del capital. A partir del 1 de julio, si no media arrepentimiento, será el turno del IVA, que elevará del 16% al 18% su tipo general y del 7% al 8% el reducido (el superreducido seguirá al 4%). Son los anzuelos del Gobierno para pescar recursos -casi 11.000 millones, según sus cálculos- y sanear un déficit público que cerró al 11,4% en 2009. La corriente de fondo contra el Impuesto sobre el Valor Añadido es potente y creciente. Nadie la respalda en la tribu política. Todos la repudian en el sector privado. Pero los expertos difieren, matizan y arrojan luz a una cuestión demasiado poliédrica, demasiado compleja de abarcar con un par de entrecomillados. Por si acaso, una pista: Funcas, la fundación de las cajas, ha pronosticado una contracción del PIB en el tercer trimestre por la previsible caída del consumo durante el verano. Y una coda ligada al contexto: el Ministerio de Economía ha preparado un plan contra el fraude fiscal -¿qué fontanero le cobra a usted el IVA?- con el que espera echar 1.000 millones más a la cesta en cuatro años.

"A los empresarios no les quedará otra que reducir sus márgenes, porque repercutir en sus precios es una estrategia demasiado arriesgada con unos consumidores que hibernan y hasta ahorran lo que nunca habían ahorrado. No obstante, seguro que muchos trasladarán el alza a los precios, sobre todo aquellos que venden productos y servicios de mayor necesidad", opina José Ignacio Rufino, profesor de Organización de Empresas de la Universidad de Sevilla. "La economía se frenará algo más con la medida, pero el déficit se contendrá a corto plazo. Teniendo en cuenta que nuestro tipo general de IVA está por debajo de la media comunitaria, yo haría lo mismo: aún hay margen para aplicar la subida sin parecer desesperados por ingresar", zanja.

Joaquín Aurioles, presidente del Observatorio Económico, se atreve con un retrato de la contradicción. "El dilema del Gobierno es que tiene que enfrentarse simultáneamente a tres problemas cuya solución exige medidas antagónicas: encajar el mayor coste de las políticas sociales; salir de la crisis cuanto antes y arreglar los desperfectos en las cuentas públicas. Son estos dos últimos los verdaderamente difíciles de conciliar, puesto que el primero, el mantenimiento de las políticas sociales, no se cuestiona debido a la firmeza del compromiso gubernamental". Los matices llegan enseguida: " El problema es que subir los impuestos en tiempos de crisis es intrínsecamente perjudicial porque en lugar de amortiguar la intensidad de la caída contribuye a acentuarla. Mayor nivel de impuestos supone reducir la renta disponible de las familias y, por lo tanto, menor nivel de consumo. Hay que aclarar, sin embargo, que la alternativa que proponen otros, la reducción del gasto público, es igualmente inapropiada. La gran diferencia entre ambas opciones es que la corrección del déficit mediante una subida de impuestos supone cargar en las espaldas del contribuyente, es decir, en el sector privado, el coste de los ajustes", concluye.

¿Y qué hay de la pasta? ¿Acumulará más el Ejecutivo al subir los precios aunque muchos recorten su lista de la compra? Contesta Rogelio Velasco, directivo de Telefónica y profesor de la Universidad de Málaga: "Los consumidores españoles ahora son mucho más sensibles a las elevaciones de precios que en los últimos 15 años. En conjunto, pues, el impacto global sobre el consumo va a ser más negativo que la repercusión sobre los precios. Y, en consecuencia, el efecto sobre la recaudación no será tan positivo. Adicionalmente, el impacto reductor sobre el consumo va a deparar consecuencias negativas para el crecimiento económico y la creación de empleo. La economía española aún no ha salido de la recesión y esta medida puede retardarla aún más".

Lo parezca o no, el IVA influirá decisivamente en la evolución del mercado laboral. Enlaza ambas cuestiones el catedrático de Derecho del Trabajo Jesús Cruz Villalón. "Del conjunto de preocupaciones derivadas de la crisis económica, dos frentes por excelencia deben ser atendidos con mayor urgencia en el corto plazo: la muy elevada tasa de desempleo existente en nuestro mercado de trabajo y la credibilidad de la evolución de nuestra economía por parte de los mercados financieros internacionales a efectos de poder colocar la deuda pública emitida por España, lo que a su vez depende de la contención en el crecimiento de nuestro déficit público". Vasos comunicantes en estado puro. "Actuaciones de choque como el Plan E, a pesar de su impacto positivo sobre la contención de la destrucción del empleo, no se pueden repetir, si no es a costa de incrementar excesivamente el déficit público. Del mismo modo, un intenso incremento de nuestra presión fiscal, sea por vía de tributos directos o indirectos, puede contraer la inversión y el consumo interno, lo que puede repercutir igualmente de forma negativa sobre una recuperación de la contratación laboral en nuestro mercado de trabajo", avisa.

Conclusiones: "El aumento del IVA no ayudará a salir de la crisis", apunta Aurioles. "No sería extraño que el Gobierno suspendiera la medida", añade Velasco. "No hay bálsamo de Fierabrás posible", remata Rufino.