La semana pasada se publicaba la ley frente al cambio climático y para un nuevo modelo energético. Se trata con ella de cumplir unos objetivos como la utilización prudente de los recursos -agua, energía, materias primas-, y la eliminación de residuos y emisiones a la atmósfera. La Ley es muy detallada en cuanto a clasificación de lo que sería deseable hacer, y sin duda da un marco para empezar a trabajar, pero más allá de unas orientaciones y un objetivo genérico de reducción de emisiones del 18% para un periodo dado, no concreta cómo una actividad empresarial determinada sigue el camino de la transición energética y ambiental. Sí tiene, para el sector público, la propia Junta y los ayuntamientos, un plan de acción que deberá aprobarse antes de un año, así como recabar información que sirva para tomar decisiones.

Hay un aspecto muy importante que se ignora en la Ley, y es el papel de los instrumentos financieros como actores poderosísimos en el cambio climático, definido por la Comisión Europea en su Plan de acción para finanzas sostenibles. Ya no es una moda que las inversiones financieras tengan en cuenta el buen gobierno de las empresas, su responsabilidad social, y su impacto en el medio ambiente, y actualmente se acerca a tres millones de millones de dólares el patrimonio de los fondos que analizan estos tres elementos (se denominan fondos ESG, donde la "E", Environment, recoge el medio ambiente) como criterios de inversión. Quien tenga interés en cómo se seleccionan países y empresas, puede entrar en un índice, por ejemplo, Stoxx, y se sorprenderá de los avances que hay en medición de estos valores. Además, la forma de financiar transformaciones productivas para mejora ambiental tiene tradición en los bonos verdes del Banco Mundial, y es también valioso para el desarrollo futuro de la Ley.

El secreto de este interés está en la convergencia de una preocupación ética por parte de los inversores, y un mejor control del riesgo. Se supone que si una empresa, por centrarnos en el medio ambiente y la energía, es cuidadosa con estos temas, invierte en ellos, y da cuenta de lo que hace y cómo lo hace, reduce el riesgo de tener problemas -tenga o no una actividad que incida de manera directa en el medio ambiente-. Por poner un ejemplo, la eliminación de fotocopiadoras, la sustitución de viajes por videoconferencias, la insistencia en la eficiencia energética, la gestión de residuos, muestran el progreso de una empresa en el impacto ambiental, pero también una dirección que se preocupa por que todas las cosas funcionen lo mejor posible, y con ello una menor probabilidad de riesgos de negocio, legales o incumplimiento de normas.

La Confederación de Empresarios de Andalucía organiza esta semana un primer foro sobre sostenibilidad, cuyos objetivos explicaba su presidente, Javier González de Lara, en una tribuna de este periódico. No puede ser más oportuna la coincidencia de la Ley y el Foro empresarial; ni una ni otro van a paliar de manera perceptible los desastres, pero las empresas, grandes y chicas pueden encontrar aquí inspiración, no sólo para reforzar su ética, sino su imagen de marca, y gestión del negocio y de sus riesgos.