Ya veníamos comprobando que algunas anticipaciones sobre el siglo XXI, ampliamente difundidas e incluso asumidas, no estaban muy acertadas. El mundo no es plano, al contrario de lo que el premiado periodista Thomas L. Friedman había sugerido en su conocido libro de 2005 y ampliado en 2007, y la Historia no ha llegado a su fin, tal como sostuvo Francis Fukuyama (1992) tras la implosión de la Unión Soviética. La globalización, apoyada en el despliegue de las cadenas globales de suministro; en la generalización del uso de las tecnologías de la comunicación; en la aproximación de las preferencias de los ciudadanos, etc. no sigue el curso que se había previsto. Por el contrario, estamos asistiendo a la emergencia de conceptos (y sus consecuencias prácticas) que obligan a dejar de lado algunas de las ideas que conformaban nuestra visión del mundo. La palabra “desacoplamiento” aparece cada vez con más frecuencia, tal como había sucedido con el término “global sourcing” en su momento y vemos como los términos “nearshoring” e incluso “friendshoring” (aprovisionamiento cercano o de países amigos, respectivamente) van desplazando al “offshoring” facilitado por la deslocalización de actividades.

En cuanto a la Historia, el final del comunismo soviético no se ha traducido en que la democracia liberal se haya establecido como modelo generalizadamente preferido de gobierno de las sociedades; por el contrario, parece que ésta se encuentra en retroceso (incluso en países democráticos, aunque sus gobernantes no sepan reconocerlo) y, desde luego, el sistema de Gobierno de China se considera a sí mismo democrático, aunque la elección popular de representantes se limite a los estratos más bajos de representación y, desde luego, se quede muy lejos de la elección de dirigentes, lo cual está reservado a las decisiones que se adoptan en la cúpula del partido comunista de China, tal como vemos en las sesiones finales del actual vigésimo Congreso. El PCCh sostiene que una forma de gobierno se legitima por su eficacia para alcanzar objetivos comunes y deseables para todos los ciudadanos, de ahí que su fuente explícita de legitimación haya sido, durante largo tiempo, el progreso material de los ciudadanos. Y hay que reconocer la valentía, porque este progreso se puede medir y porque cada individuo puede comprobar si es o no beneficiario del progreso común. No se les ofrece un horizonte feliz al que se llegará tras un camino de sacrificio del que nunca se sabe cuánto dura; por el contrario, se persigue alcanzar una sociedad moderadamente próspera en 2049, centenario de la revolución, y ser la mayor economía del mundo basándose en la innovación (en 2021 se superó el promedio mundial de ingreso per cápita medido en paridad de poder adquisitivo, y el PIB se situó a 4,5 billones de distancia del de Estados Unidos). Ni tampoco se les pretende engañar o atontar al estilo cubano o venezolano queriendo hacer creer que lo importante es estar haciendo la revolución y lo de menos son las privaciones materiales (y de libertad individual) que están padeciendo.

Esa fuente de legitimación se ha modificado, adoptándose ahora el imperio de la ley; es decir, que todas las personas están sujetas a la ley, sean cuales fueren su rango, su posición o sus ascendientes. La campaña contra la corrupción en la administración y en el partido, valga la redundancia, se ha intensificado extraordinariamente desde el inicio del mandato de Xi Jinping en 2021. Bajo el lema “sean tigres o moscas”; es decir, humildes o ministros, han sido apartados de sus funciones, juzgados y condenados 1,34 millones de personas, según el informe de 2017 de la Comisión Central de Inspección Disciplinaria (www.hmong.es en español). Entre ellas se incluyen más de 170 ministros y viceministros, e incluso 35 miembros del Comité Central, una cifra similar a los casos habidos entre 1949 y 2012. Es posible que esa acción incluya purgas y desplazamiento de rivales políticos, pero responde a que la corrupción de los funcionarios es causa de un creciente descontento entre los ciudadanos, aunque esta práctica en muy diversas formas haya sido consuetudinaria en ese país y que algunos consideren que si es a escala limitada ayuda a engrasar el funcionamiento de una máquina administrativa cuyas reglas no son eficientes. Por cierto, esto incluso se pensaba en el seno del Banco Mundial hasta hace algunos años respecto a países con regulación e instituciones deficientes. Afortunadamente, ya han salido de su error.

Por otra parte, seguramente el lector tiene noticia del concepto acuñado hace pocos años: la doble circulación económica o circulación dual. Significa, en esencia, elevar el consumo interno como apoyo para el crecimiento del PIB y salvaguarda frente a circunstancias cambiantes o desfavorables del comercio internacional. Sirve también para reducir un volumen de ahorro privado que se está orientando hacia inversiones no muy afortunadas (inmobiliarias, por ejemplo). Y, a la vez, es muy útil para avanzar en la atenuación de un serísimo problema de desigualdad, cuyas cotas son insólitas en un país que se declara socialista. El crecimiento de la desigualdad en la distribución de la renta era un resultado esperado por inevitable cuando se aprobó el Programa de Reforma y Apertura liderado por Deng Xiaoping (1978), asumiéndose que en un ambiente de liberalización unas personas se enriquecerían antes que otras. Durante bastante tiempo, la principal explicación de la desigualdad provenía del lugar de residencia: medio rural o urbano, lo que se podía atenuar con el desplazamiento de población hacia las ciudades, en las que se ofrecen mejores oportunidades laborales y mejores servicios públicos. Ese fenómeno ha sido muy intenso: en 1980 sólo una quinta parte de la población vivía en ciudades y hoy es ya el 65%, pero casi la cuarta parte de estos urbanitas viven en barriadas marginales.

El modesto crecimiento del PIB de China, a su escala, y el previsto para los próximos años dista incluso de lo que se había denominado “nueva normalidad”: aumentos anuales inferiores a los dos dígitos, pero superiores al 5%. Se estima un 3,2% para este año (FMI) y las perspectivas no son favorables para el futuro, habida cuenta del ritmo al que están creciendo el consumo interno y la inversión, y los cambios que se están produciendo en el comercio internacional. Además, denomínese como se quiera, el Gobierno de Estados Unidos ha decidido limitar el acceso de China a determinadas tecnologías muy avanzadas e incluso está dificultando que técnicos y científicos norteamericanos puedan ejercer su actividad profesional en China. Esto no significa que este país no pueda desarrollar por sí mismo estas tecnologías en algún momento, pero sí que tardarán años en hacerlo y habrán de dedicar a ello recursos que estaban pensados para la aplicación de estas tecnologías. La amistad declarada entre Putin y Xi Jinping está entre las causas originales de estas limitaciones, pero no es la única ni la más importante.

Las últimas decisiones del Gobierno americano están claramente expuestas en la reciente Ley de Política Industrial de agosto de este año, cuyo objetivo es reducir la dependencia estratégica con China. Pero no resulta ni una sorpresa ni una novedad, ya que las intenciones estaban claras en la ley de Innovación y Competencia de junio de 2021. Contiene esta ley en su segundo capítulo una exposición muy clara de la visión que la Casa Blanca tiene acerca de los propósitos del Gobierno de China, de las relaciones que la UE tiene con el país asiático (“ingenuas” podría ser la síntesis) y viene a advertir de la necesidad de acción compartida no sólo por razones comerciales sino también en defensa de valores que los occidentales consideramos que caracterizan a la civilización: la libertad individual y el respeto a la diversidad. En su momento fueron aceptados como derechos humanos universales, y parece que llega el momento de asumir su defensa.