El Tribunal Supremo de Justicia de EEUU ha decidido dejar en suspenso la venta de los activos del fabricante estadounidense Chrysler al italiano Fiat, con objeto de contar con más tiempo para estudiar los términos de la operación.

La transacción, aprobada la semana pasada por el Tribunal de Bancarrotas del Distrito Sur de Nueva York, es un paso crucial para la reorganización de Chrysler, si bien un grupo de consumidores y fondos de pensiones decidieron recurrir la operación ante el Supremo.

Entre los principales opositores se encuentran tres fondos de pensiones de Indiana, que gestionan los derechos de jubilación del cuerpo de policía y de los profesores del Estado y que cuentan con participación en Chrysler con el 1 por ciento de las acciones.

Estos fondos, que son acreedores por 42 millones de dólares de los 6.900 millones de dólares en préstamos garantizados de Chrysler, piden una mayor compensación por su deuda.

Además, consideran inconstitucional que, sin la autorización previa del Congreso, Chrysler recibiera 8.000 millones de dólares del Programa de Alivio de Activos Depreciados (TARP, por su sigla en inglés) que puso en marcha el Gobierno estadounidense.

El juez de bancarrotas encargado del caso, Arthur González, aprobó la venta la pasada semana, argumentado que los fondos no tenían razón para quejarse, ya que recibirían lo que les corresponde de los 2.000 millones de dólares de fondos del TARP que se reservaron para pagar a los accionistas con bonos asegurados.

La cantidad que se les pagará será, según el juez, muy superior a la que recibirían si Chrysler no pudiera salir de la bancarrota y hubiera que liquidarla.

La decisión del juez González fue ratificada el pasado viernes por el Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito, por lo que los fondos de pensiones decidieron recurrir al Supremo.

La venta de los activos de Chrysler a Fiat es una parte fundamental de la salida de la bancarrota de la firma estadounidense, que entró en quiebra el pasado 30 de abril.

Si la venta no se cierra antes del 15 de junio, Fiat tiene derecho a suspender la operación, de la que también está pendiente toda la producción de Chrysler, congelada hasta que se conozca el resultado.

Si se completa la operación, el nuevo Grupo Chrysler estará controlado en un 55% por una sociedad fiduciaria vinculada al sindicato United Auto Workers (UAW), que sin embargo, no tendrá poder de gestión, en tanto que Fiat controlará inicialmente un 20%, aunque ese porcentaje podrá crecer hasta el 35% si se logran ciertos objetivos.

Entre los accionistas minoritarios destacan el Gobierno de Estados Unidos, con un 8%, y el de Canadá, con un 2%.